En el marco del debate por la implementación de la ficha limpia en el país, el caudillo renovador Carlos Rovira, que maneja la provincia desde hace más de dos décadas al frente de un partido político muy cuestionado por corrupción; ahora impulsará a través de los diputados nacionales del oficialismo misionero, una iniciativa que exige a los políticos declarar no solo su situación patrimonial tradicional, sino también los bienes y movimientos relacionados con el ámbito digital.
Así como la ley de ciberdelitos, herramienta con la que ahora el gobierno misionero puede controlar y regular lo que se dice en las redes sociales; la nueva propuesta también surge aprovechando el escándalo que generó el caso del ex legislador opositor Germán Kiczka, acusado de pedofilia.
A partir del caso del apostoleño, el partido de Rovira plantea «la necesidad de establecer controles más estrictos sobre los antecedentes de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, especialmente en un contexto donde las redes sociales y el entorno digital ocupan un rol protagónico en la vida cotidiana».
Con esta herramienta, el gobierno misionero busca filtrar candidatos según sus actividades en las redes.
Empero, en Misiones la infomación patrimonial de los altos funcionarios está totalmente blindada.
El proyecto plantea que, sin un control sobre la conducta digital de los candidatos, la ficha limpia resulta incompleta y desactualizada. Los delitos virtuales y el uso indebido de las plataformas digitales son cada vez más frecuentes, lo que refuerza la importancia de incluir este tipo de información en los mecanismos de transparencia.
Ficha Limpia: redes sociales y delitos virtuales, en la mira
La iniciativa prevé que «los candidatos declaren de forma obligatoria sus activos digitales, como cuentas en redes sociales. Este punto busca evaluar el historial de publicaciones y actividades en línea, con el objetivo de prevenir que personas con conductas inapropiadas o antecedentes digitales comprometidos accedan a cargos públicos».
«Desde la Renovación consideran que esta propuesta no solo fortalece la transparencia, sino que también responde a una necesidad concreta de adaptarse a los tiempos actuales. En un escenario donde las redes sociales son protagonistas de la vida pública y política, dejar fuera este aspecto implicaría desconocer una parte fundamental de la conducta de quienes representan a la sociedad», argumentan desde el oficialismo.
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