Esta semana, el ministro de Economía Luis Caputo envió una carta a todas las provincias protestando por el incremento de la carga tributaria municipal. Además reclaman a los jefes comunales eliminar aquellas tasas que «no son razonables con el servicio efectivamente prestado». En el caso de Oberá, la tasa retributiva a la propiedad inmueble es el equivalente al ABL (alumbrado, barrido y limpieza), pero el primero se paga aparte en las facturas de energía, el barrido sólo se presta en el área céntrica y la frecuencia de recolección de residuos varía según el barrio. Además el municipio cobra una tasa comercial e industrial de acuerdo a la facturación de dichos comercios e industrias, lo que representa un impuesto, no una tasa por servicios prestados. En muchos casos, dichos impuestos son cobrados aún cuando ni siquiera cuentan con pavimento, o alumbrado decente como es el caso de las empresas ubicadas sobre las colectoras de las rutas 5, 103 y 14, entre otros caminos.
Caputo también reclamó sanciones para las jurisdicciones que no cumplan.
El funcionario del gobierno de Javier Milei redobló la presión sobre los intendentes y pidió a los gobernadores de todo el país que tomen medidas para que los municipios deroguen algunas de las tasas impositivas, que consideró “ilegales y arbitrarias”. “Seguimos dando la batalla contra el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos”, aseguró en su cuenta de X el jefe del equipo económico.
“El Ministerio de Economía envió este miércoles una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las ‘Tasas municipales’, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”, aseguró el Palacio de Hacienda en un comunicado.
“En el escrito se solicitó que se eliminen estas ‘Tasas municipales’ que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable”, continuó el ministerio.Por otro lado, Economía consideró que “el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria”. “A su vez, estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”, señaló.
“La nota enviada también hace hincapié en que Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos”.
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