Desde este semana, unos 200 colonos productores de yerba iniciaron una huelga de cosecha reclamando que la industria les pague 390 pesos por kilo de hoja verde. Actualmente cobran alrededor de la mitad de ese valor debido al sobrante de materia prima. Los yerbateros además reclaman al gobierno de Javier Milei que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) vuelva a establecer un precio de refencia, aunque este valor nunca ha sido respetado por la industria.
La medida de fuerza de los colonos afecta también a unas 15 mil familias de tareferos que se quedarán sin trabajo durante el verano, cuando se realiza la «zafriña». En ese sentido, el ex diputado provincial kirchnerista, Martín Sereno, manifestó que “el productor tiene espalda, pero nadie habló de ningún mecanismo para contener la necesidad de las 15 mil familias tareferas”.
“Hoy los tareferos dependen mayoritariamente de decisiones externas a su sector y del asistencialismo estatal, lo que no resuelve sus problemas de fondo y afecta su dignidad porque lo que reciben equivale a un subsidio de indigencia”, señaló el dirigente al portal La Voz de Misiones.
Además recordó que el programa Interzafra (subsidio que reciben los tareferos cuando no hay cosecha) «solo a una parte de los tareferos por un monto mensual actualizado de $123.000». Sin embargo este pago no se hará efectivo en esta oportunidad porque el paro es impulsado por los productores y hasta el momento el Estado no evaluó medidas para cubrir el vacío laboral que dejará el cese de la tarefa.
“El productor, utilizado como variable de ajuste por la industria toma decisiones como el paro de cosecha para presionar, no contempla cómo subsistirán los tareferos en este período. Esto deja a las familias de los trabajadores en una situación de pobreza crónica, a pesar del trabajo duro y especializado que realizan”.
“Se necesita con urgencia un mecanismo virtuoso y sostenible que permita a los tareferos acceder a trabajo y producción durante la intercosecha. Este mecanismo debería garantizarles ingresos dignos y acceso a bienes y servicios básicos, que no son un lujo, sino un derecho humano esencial”.
“Mientras tanto, la falta de un nivel de organización sólido y unificado en el sector tarefero los deja más expuestos a esta realidad injusta. Es hora de que todas las partes involucradas, desde la industria hasta el Estado, asuman su responsabilidad en la construcción de un sistema más justo y equitativo”, concluyó Sereno.
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