La Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM ) presentó una denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, contra la Ley de Fiscalía en Ciberdelitos por considerarla inconstitucional al legislar sobre la figura de «falsas noticias» porque «no existe el delito como tal» y la Legislatura de Misiones no puede legislar sobre esa materia, sino el Congreso de la Nación, aseguran.
La presentación lleva la firma de la representante sindical, Estela Genesini quien a través de 37 fojas, señala que la norma impulsada por el «conductor» Carlos Rovira, y aprobada en septiembre por mayoría con el voto de los diputados renovadores; «afecta los derechos consagrados en la Constitución Nacional y provincial, a los pactos de Derechos Humanos incorporados a la Constitución, a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a la Ley de Asociaciones Sindicales, entre otros».
Genesini sostiene que la ley «mordaza» como fue acuñada por la oposición que votó en contra de la misma, tiene contradicciones en materia penal para tratar la tipificación de la Justicia Correccional de Calumnias e Injurias. La sindicalista señala que el fiscal de instrucción en ciberdelitos «incurre en evidente ilegalidad al arrogarse competencia en cuestiones atinentes al Congreso de la Nación en materia de legislación penal de fondo (Art. 75, inciso 12)».
Y agrega que la ilegalidad de la ley aprobada por la Renovación «radica en que la Legislatura provincial se considera competente para determinar agravantes a la Ley Penal, lo que constituye una afectación a la seguridad jurídica en general y particular».
E insiste respecto a la incostitucionalidad en la tipicidad procesal penal sobre la creación de «falsas noticias» porque «no existe el delito como tal» y la Legislatura de Misiones no puede legislar sobre esa materia, sino el Congreso de la Nación, asegura Genesini añadiendo que «la falta de claridad en la definición del procesamiento o delito de «noticias falsas» genera incertidumbre y falta de previsibilidad, lo que determina una seria afección a la seguridad jurídica».
También señala que los tipos penales de falsas noticias violan las garantías en los Pactos de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional, de igual modo «la libertad de expresión al generar un clima de censura y autocensura, ambigüedad y arbitrariedad».
La ley aprobada por el gobierno renovador habilita la figura del «agente encubierto» para espiar y detectar «injurias, calumnias, intimidación pública e incitación a la violencia» por medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, lo que causa suspicacias respecto a convocatorias de protestas de policías, maestros, personal de la salud y otros agentes estatales que se difundan a través de plataformas digitales y redes sociales, como así también críticas a funcionarios y el gobierno.
ver
Influencer se fue de Misiones porque teme por su vida: «Lejos de la dictadura»
INFOBER 