El Gobierno de Javier Milei anunció su plan de concesiones de más de 9.000 kilómetros de carretera nacionales. No se trata de un modelo de construcción de nuevas rutas y/o autopistas, sino de los 13 corredores que actualmente están administrados por el Estado a través de la empresa pública Corredores Viales S.A., otras que se le vencen a la privada Caminos del Río Uruguay S.A. y tramos nuevos que aún se encuentran sin adjudicar. La proyección es de un ahorro equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años, según detallaron a Infobae fuentes oficiales.
La primera etapa está integrada por el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión Rosario-Victoria. La convocatoria se lanzará en diciembre de 2024, con adjudicación prevista para abril de 2025.
En ese sentido, Ricardo Lasca, el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, se manifestó contra el anuncio de privatización. El sistema de peajes vigente desde la gestión del expresidente Carlos Menem, no invierte en infraestructura ni construye caminos alternativos, y lo que cobran las concesionarias de las rutas en los peajes, solamente es para los costos del mismo.
Según el gobierno nacional, la empresa estatal tiene un déficit operacional de 30 millones de dólares, que hasta diciembre de 2023 fue financiado con fondos del Tesoro Nacional.
“Como siempre expresamos, lo que se cobra no es un peaje, que es directamente un impuesto al tránsito que afecta al costo de transporte y, por ende, a todos los precios de la economía. Porque es mentira cuando se dice que el peaje es bueno porque lo paga el que usa el camino. No, lo paga a toda la comunidad, tenga o no tenga vehículo. Reitero, el peaje está concebido para cuando usted construye, termina una obra, luego la recupera con una tarifa de una renta razonable, porque es un servicio público. Y con un camino alternativo libre de pago”, sentenció Lasca en una entrevista con LT4 y AgenciaHoy.
“Acá en los años noventa, y todavía vivimos con ese castigo, se implementó un sistema inédito, porque fue en rutas existentes pagadas con estos impuestos y sin camino alternativo. Con lo cual los usuarios viales somos rehenes de cada empresa concesionaria”, puntualizó Lasca, señalando que lo que hacen las empresas es poner barreras y quien “no paga, no pasa”, agregó.
“Por eso esto no es peaje, esto es un invento de la época de (Carlos) Menem, que persiste en el tiempo y que realmente afecta no solo a los usuarios, sino toda la sociedad en su conjunto. Así que este plan (de privatización) con el cual se vuelve a cometer en el mismo error. Nos preocupa, desde ya que lo rechazamos rotundamente. Y lo peor aún, que solamente va a continuarse con este falso peaje para hacer un simple mantenimiento, corte de pasto, y nada más”, planteó Lasca, insistiendo en que el dinero que recaudan las concesionarias del peaje, no se emplea para hacer “obras nuevas o de envergadura para generar autovías, autopistas, etcétera”.
Según el gobierno, las empresas que finalmente sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones. De esta manera, se estima que se ahorrarán 5.600 millones de dólares.
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