En la 33° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Oberá, se aprobó el Convenio de Gestión de Cobranzas Interjurisdiccionales entre el Ministerio de Gobierno y la Municipalidad de Oberá. La votación, que contó con el rechazo del bloque PRO Avancemos, finalizó con siete votos a favor.
Durante la sesión, los concejales Adriana Kosnicki y Anibal Ramírez expresaron su desacuerdo, cuestionando la falta de información sobre ciertos aspectos del convenio. Uno de los principales puntos de crítica fue la falta de claridad sobre la homologación de los instrumentos de control fotomultas, exigida por la autoridad de control pertinente.
Además, señalaron problemas en los plazos para notificar a los infractores, destacando que en muchos casos las notificaciones son tardías o incluso inexistentes.
Por otro lado, en la misma sesión tanto Kosnicki como Ramírez reiteraron su rechazo a la llamada «Ley Mordaza», una normativa que, según los concejales, ha derivado en una serie de actos de persecución en la provincia.
Mencionaron casos recientes que incluyen a creadores de contenido en redes sociales (Tiktokers), dirigentes gremiales, tanto agentes policiales en actividad como retirados, y al Diputado provincial, Miguel Núñez del PRO.
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