Tanto el PRO como la UCR emitieron comunicados manifestando su preocupación por el allanamiento y la detención de la influencer posadeña Florencia Belén Aguirre, una enfermera de 28, investigada en una causa por calumnias, injurias y amenazas al gobierno renovador.
“Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las recientes detenciones de los ciudadanos críticos al gobierno provincial del Frente Renovador de la Concordia”, dice el documento que incluye el nombre de 53 concejales, además de la firma de los diputados nacionales Martín Arjol, Florencia Klipauka, Alfredo Schiavoni (mandato cumplido), y de los legisladores provinciales Horacio Loreiro, Miguel Núñez, Rosy Kurtz, Mikaelia González Coria y Analia Labandoczka.
La oposición considera que la detención de usuarios de redes sociales como el tiktoker libertario de Eldorado, Ramiro Eduardo Barrionuevo, el militante de LLA, Cristian Cabral y ahora Aguirre, ambos de Posadas, lesionan la “libertad de expresión”.
Los opositores señalan que “en nuestro país la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de expresar sus ideas sin censura previa. Además, el artículo 19 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por Argentina, protege el derecho a la libertad de expresión sin restricciones indebidas”; y recuerdan que en Misiones los derechos mencionados están “protegidos” por el artículo 12 de la Constitución provincial, y acusaron al gobierno renovador de “vulnerar” la garantía constitucional “al perseguir y detener a quienes disienten públicamente”.
Además aseguraron que la recientemente creada Fiscalía Especializada en Ciberdelitos “no deja de generar estupor” y “atenta contra el debido proceso, fomenta la censura previa y abre la puerta al espionaje”.
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