Milei redujo 8.600 puestos de empresas estatales y se destinó $220.000 millones en indemnizaciones

El Gobierno implementó programas de desvinculación para reducir el personal en empresas públicas y organismos estatales.

La jefatura de Gabinete, a través de Guillermo Francos, presentó un informe ante el Congreso donde detalló que entre diciembre del año pasado y junio de 2024 se redujeron 8600 puestos en empresas del Estado, con un costo de $220.000 millones en indemnizaciones, retiros voluntarios y jubilaciones. La iniciativa forma parte de un esfuerzo del Ejecutivo para disminuir el déficit fiscal.

Según el informe, las empresas estatales involucradas incluyeron Aerolíneas Argentinas, AySA, Corredores Viales, Playas Ferroviarias y otras. En Aerolíneas Argentinas, se redujo el personal en 1500 empleados, requiriendo $58.732 millones en indemnizaciones. AySA, por su parte, disminuyó su plantilla en 1231 personas, con un costo de $44.941 millones.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, la reducción alcanzó a 1500 empleados a través de programas de retiro voluntario y acuerdos pre-jubilatorios, con un desembolso de $58.732.693.452. AySA redujo su personal en 1231 empleados, de los cuales 945 se adhirieron a retiros voluntarios, lo que implicó un gasto de $44.941.031.928. Corredores Viales, que administra las principales rutas del país, informó una reducción de 986 trabajadores sin detallar el monto destinado a estos fines. Playas Ferroviarias S.E. registró la baja de nueve empleados, con un costo de $83.948.037.

Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) redujo su personal en 320 trabajadores, incluyendo 162 en planes de retiro voluntario, con un costo de $1.507.962.638. Dioxitek, empresa generadora de polvo de dióxido de uranio, desvinculó a 36 empleados, destinando $452.054.741 a indemnizaciones.

El Correo Argentino fue la empresa con mayor cantidad de desvinculaciones, reduciendo su personal en 4181 trabajadores y destinando $99.880.774.023 a indemnizaciones y retiros voluntarios. Este proceso de reducción de personal es visto por el Ejecutivo como un paso hacia un «saneamiento» fiscal, que podría allanar el camino hacia la privatización de las empresas estatales.