Días atrás, el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos donde disertó en la conferencia anual de Sun Valley. Llegó en un lujoso jet privado, un Gulfstream que alquiló a por 350.000 dólares. Hace pocas horas despegó a Francia y volvió a usar la misma receta, por un precio similar. El avión fue alquilado a la empresa Flyzar, de Gustavo Carmona, un empresario que creció en el mercado de la mano de vuelos cercanos al kirchnerismo. La aeronave que transportó al Presidente es propiedad de Gerardo Eskenazi, miembro de la familia que fue dueña de YPF.
Ahora bien, qué pasa con el ARG-01, el avión presidencial que está quieto en la cabecera sur de Aeroparque. Una vez más, una historia de intereses sospechosos, desidia, desconocimiento y algunos condimentos más coincidieron para que la famosa aeronave por la que el Estado pagó varios millones de dólares esté imposibilitada de volar. La burocracia y las malas decisiones de funcionarios que se mantuvieron desde la gestión anterior explican por qué permanece en tierra el ARG-01. A continuación, una crónica de la falta de profesionalismo que cuesta muchos dólares. Total, paga el Estado.
La historia del nuevo avión presidencial empezó hace tiempo, cuando el gobierno de Alberto Fernández inició el proceso de compra. Desde el 25 de mayo del año pasado, cuando la aeronave se aproximó a la pista del aeropuerto porteño y realizó una pasada rasante por la estación, todo fue una novela. La estrenó Sergio Massa, presidente de hecho, junto a Máximo Kirchner, en un viaje a China; la usó Alberto Fernández y, finalmente, la empezó a utilizar Milei. Pero, como se dijo, ya no puede volar.
Lo que sucede es que el avión solo tiene licencia para un último vuelo con destino a un taller donde se le debe realizar un chequeo importante, que técnicamente se llama inspección mayor “1C Check”. No se programó semejante evento con tiempo, hubo una sospechosa licitación que luego anularon y nadie solicitó el turno para la revisión. Como consecuencia, el Presidente se quedó sin avión, una situación que, pronostican en la industria, se prolongará varios meses. Una secuencia de torpezas y sospechas de emisarios que dejaron mal parado al Gobierno. Mientras tanto, todo se paga con billetera oficial.
El asunto tiene algunos nombres propios. El primero, Florencia Gastaldi, a cargo de la Dirección General de Logística, un organismo que se ocupa del manejo de la flota aérea presidencial, bajo la órbita de la Secretaría General, que maneja Karina Milei. El segundo, Luis Pinto, es un piloto que llevaba y traía a Fernández, que se alejo de la administración pública en noviembre pasado, sin romper lazos con Gastaldi.
A este grupo se suma el director Nacional de Seguimiento Operativo y Gestión de la Subsecretaría de Planificación General, Agustín Expósito, un joven sin ninguna experiencia en flota de aviones, de poco más de 24 años, que llegó al Gobierno de la mano de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General, una de las funcionarias de mayor confianza de la hermana del Presidente. De todos ellos depende el ARG-01, ahora en tierra, por bastante tiempo.
Gastaldi, abogada de 36 años, llegó en 2011 a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) recomendada por Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner. Dentro del organismo, ingresó en el departamento de Licencias, que se encarga de emitir credenciales para pilotos y tripulantes. En 2022, pasó a la Dirección General de Logística como asistente en la Dirección de Agrupación Aérea. Llamó la atención la designación ya que no había en su legajo demasiados datos técnicos sobre la experiencia en el área. Un año después, en agosto de 2023, fue designada directora General de Logística, cargo en el que se mantuvo desde entonces, en reemplazo de Leonardo Barone, que había dejado su puesto después de la polémica por la llegada del ARG-01 con un vuelo rasante.
La Nación
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