El Gobierno logró su primer éxito legislativo y mucho tuvo que ver lo que cedió en favor de los distintos pedidos provinciales. Impuesto a las Ganancias, cambios en las regalías y en el RIGI, entre otros.
La discusión por la Ley Bases en el Congreso de la Nación se extendió más de lo planeado por el presidente Javier Milei, pero luego de intensas negociaciones con la oposición logró la aprobación de ambas cámaras. En ese proceso, fue clave el aporte de los gobernadores, que a cambio de pedidos para sus provincias, terminaron acompañando la iniciativa.
El caso es que el proyecto deberá volver a Diputados porque hubo modificaciones en el texto, que tiene que validar la Cámara baja. En la antesala de un nuevo debate entre legisladores, se abre una nueva oportunidad para que los mandatarios provinciales se metan en la conversación.
Respecto de lo que se llevaron los gobernadores en la discusión saldada en el Senado, lograron cambios significativos, como en un artículo de la Ley de Minería, que modifica del 3% al 5% las regalías a las provincias que desarrollan explotaciones. Esto fue impulsado por el santacruceño Claudio Vidal, que al final no aportó los votos de los senadores José Carambia y Natalia Gadano. Pero se ausentaron en la votación por la delegación de facultades, lo que se interpretó como un guiño ya que el Gobierno ganó esa votación en particular.
Más atrás en el tiempo, la fuerte presión del chubutense Ignacio Torres logró sacar primero del eje de discusión el capítulo pesquero. Luego, los sureños unieron fuerzas para rechazar en bloque la restitución del Impuesto a las Ganancias.
En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck consiguió que el gobierno nacional le prometiera la continuidad de las obras en las rutas 22, 23 y 151. Antes, había adelantado que la senadora Mónica Silva acompañaría la ley. Agustín Domingo, que es parte del partido provincial e integra Innovación Federal, había hecho lo propio en Diputados.
Otro que acordó el traspaso de obras es un gobernador que alternó buenas y malas con Milei desde su asunción. Se trata del cordobés Martín Llaryora, al que también le habilitaron toma de deuda de ser necesario
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