Ante la demora que se registra en la normalización del abastecimiento de combustibles en varias provincias y necesidad política de resolver el problema lo más pronto posible para reducir el impacto electoral de cara al balotaje, el Gobierno resolvió habilitar el expendio de gasoil de baja calidad y con mayor contenido de azufre en todos los centros urbanos del país.
Hasta el viernes pasado, el denominado «Gasoil común grado 2» solo se podía comercializar en las áreas rurales y en localidades con menos de 90.000 habitantes. A partir de ahora, la venta de esa variedad de combustible -que genera un mayor nivel de contaminación ambiental- se extenderá a nivel nacional a todas las grandes ciudades y áreas urbanas.
La medida -adoptada por medio de la resolución 896/23 de la Secretaría de Energía que conduce la massista salteña Flavia Royón- permite la comercialización del gasoil con mayor contenido de azufre en todo el territorio nacional, en principio, hasta el último día de 2023. No obstante, la «letra chica» deja abierta puerta para poder prorrogar dicho plazo «en caso de tornarse necesario garantizar el abastecimiento de gasoil».
Si bien tiene un carácter «temporario», la decisión oficial -que busca acelerar la regularización del suministro de gasoil- implica dejar de lado la prohibición que se impuso hace cuatro años para la venta del gasoil más contaminante en las zonas y ciudades más pobladas del país.
Técnicamente lo que se dispuso es la «unificación» de la Zona de Baja Densidad (BD) con la de Alta Densidad (AD) para el despacho del gasoil con mayor contenido de azufre que según las disposiciones vigentes debe retirarse del mercado en diciembre de 2025.
Tras destacar que «resulta de interés general asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos y de sus derivados», la resolución 896 levantó «de manera transitoria» las barreras para la «comercialización de gasoil grado 2 en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2023».
Más tiempo para las petroleras
A principios de junio y tras comprobar que no iban a poder cumplir con los parámetros ambientales vigentes, la Secretaría de Energía había salido en auxilio de las petroleras con una medida que estiró hasta fines de 2025 la exigencia de reducir el contenido máximo de azufre de los combustibles que producen en las refinerías locales.
Por desabastecimiento, el Gobierno habilitó la venta de gasoil de baja calidad y más contaminante
