La defensoría pidió que se mejore el servicio e implementen controles antes de aumentar el boleto

Mejoras en la calidad del servicio y que el incremento sea acorde a la evolución del salario.

La defensoría del Pueblo, participó de la Audiencia Pública por el transporte urbano de pasajeros de Oberá, dónde Carlos Bernhardt, como Defensor del Pueblo, solicitó se condicione el aumento de la tarifa, además que se mejore la calidad del servicio.
Ante el potencial incremento de la tarifa del transporte público urbano de pasajeros que pueda establecer “o no” el Concejo Deliberante; “si lo llegaran a establecer”, sería recomendable:

1) Que se tome en consideración la “cuestionable” calidad del servicio que han brindado y brindan las empresas que los usuarios del servicio y la Defensoría ha descripto con anterioridad (por distintos medios) y en la presente audiencia pública.

2) Que, de determinarse un incremento de la tarifa, que dicho incremento NO supere “la evolución” del Salario Mínimo Vital y Móvil. Que es el que determina el umbral mínimo de ingreso de muchos trabajadores dependientes que son usuarios y “es el criterio de actualización” de las jubilaciones mínimas nacionales, las asignaciones universales por hijo y los planes sociales nacionales.

3) Y muy especialmente, que el incremento de la tarifa del transporte público urbano de pasajeros que apruebe este Concejo Deliberante con motivo de la presente audiencia pública esté condicionado y solamente se haga efectivo el día hábil siguiente al que la Intendencia, a través del Departamento de Movilidad Urbana, notifique fehacientemente al Concejo Deliberante de que “se han instalado y estén funcionando” en todos y cada uno de los ómnibus que utilizan las empresas prestatarias del servicio los mecanismos de control que la Intendencia adquirió para ese fin y que el Departamento de Movilidad Urbana tenga el pleno conocimiento y control de la recaudación real y efectiva de cada empresa, y no meramente presunciones acerca de cuántos boletos ha vendido. Más considerando el inmenso riesgo que reporta al Gobierno Municipal en su conjunto reconocerle a la empresa el consto por kilómetro recorrido sin saber cuál es la recaudación a la que la Intendencia se compromete a complementar con subsidios.