Tras los graves incidentes ocurridos este martes en Jujuy, la ONU expresó su preocupación y pidió investigar las violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo consideró que la reforma de la Constitución provincial «es un retroceso».
El canciller Santiago Cafiero confirmó este miércoles que la ONU pidió investigar violaciones a los derechos humanos en Jujuy, en medio de las protestas que causaron 170 heridos y más de 60 detenidos.
Por otra parte, el organismo internacional consideró que la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales es «un retroceso» en material de derechos.La ONU cuestionó la reforma de la Constitución de Jujuy
El representante para América del Sur de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jan Harab, instó a las autoridades provinciales y nacionales a investigar “todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy”.
Jan Jarab las exhortó asimismo a redoblar esfuerzos “para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”.»La ONU hizo un llamado urgente al gobierno de Jujuy Exige investigar todo indicio de violaciones de derechos humanos en la represión y manifestó que la reforma constitucional es un retroceso», expresó el canciller Cafiero este miércoles desde su cuenta de Twitter.
Tras los graves incidentes ocurridos ayer en la capital de Jujuy, la ONU expresó su preocupación por las denuncias de atropellos de derechos humanos y llamó la atención sobre las acciones violentas en relación a los heridos y las detenciones en el procedimiento de las fuerzas de seguridad.
Las informaciones de la ONU dan cuenta del uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, que han dejado decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza.
En el contexto de las manifestaciones se reportó un saldo de 170 heridos y 68 detenidos, con la judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, además de obstrucción al trabajo de los activistas de derechos humanos.
Los manifestantes, por su parte, llevaron adelante acciones violentas para irrumpir por la fuerza en las instalaciones de la legislatura provincial.
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