Considera que para dolarizar «no es necesario una mega devaluación como han dicho algunos analistas, ni un plan bonex, ni un corralito».
El economista argentino y candidato a presidente de la nación, mencionó dos ejemplos de economías dolarizadas a imitar que abandonaron sus monedas propias: Ecuador y Panamá, ambos lejos de ser países desarrollados.
En el primero de los casos, tras 22 años sin moneda nacional y sólo utilizando dólares, la pobreza se ubica en 32,2% y la pobreza extrema en 14,7%, según datos del gobierno ecuatoriano. En el área urbana la pobreza llegó al 24,2% y la pobreza extrema a 8,4%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 49,2% y la pobreza extrema el 28,0%.
En el caso de Panamá, antes de la pandemia, la pobreza general alcanzó al 21.5% de la población, es decir, 917,069 personas; de las cuales, 10.0%, vive en condiciones de pobreza extrema (o indigencia), 428,005 personas. La capital panameña está entre las más caras del mundo para vivir, por delante de urbes como Viena, Múnich, Montreal o Madrid.
El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, avanzó en la explicación de su plan para dolarizar la economía ante la inestabilidad cambiaria de los últimos días.
«Primero hay que detenerse en los pasivos que tiene que cubrir la Argentina: el Banco Central tiene una base monetaria equivalente a 13 mil millones de dólares y la deuda en Leliqs asciende a 22 mil millones. Esto quiere decir que Argentina tiene pasivos monetarios netos por rescatar por el equivalente de 35 mil millones de dólares”.
Por otra lado, describió los activos con los que cuenta el país: “los activos netos se componen de 72 mil millones de dólares de títulos públicos netos más 3 mil millones de reservas internacionales netas”.
Con los números sobre la mesa, indicó cuál es el método que hay que llevar a cabo para dolarizar: “Se haría un swap de los títulos públicos con las Leliqs y eso haría que el monto remanente de títulos públicos sería de 50 mil millones de dólares. A su vez, las reservas internacionales netas se utilizarían para rescatar la base monetaria».
«Entonces, continuó Milei, quedarían pendientes 10 mil millones de dólares de base monetaria la cual debería ser rescatada con 50 mil millones de dólares en bonos. Dado que los bonos hoy cotizan al 20%, eso permitiría que con esos 50 mil millones de dólares poder conseguir los 10 mil millones de dólares necesarios para rescatar la base monetaria”.
“Es decir que a un tipo de cambio de $320 y con los bonos en una paridad del 20% es absolutamente factible dolarizar”, explicó el diputado nacional por La Libertad Avanza.
Por último, se refirió a los economistas que desestiman su método y aseguran que solo se puede realizar la dolarización con otras medidas más drásticas: “Se puede dolarizar. No es necesario una mega devaluación como han dicho algunos analistas, no es necesario un plan bonex, no es necesario un corralito. Lo único que esto requería era usar el cerebro y tener conocimientos de teoría monetaria y de equilibrio general de stock, que la mayoría de los economistas parecen desconocer”.
Con la dolarización, Argentina perdería capacidad para emitir dinero como ocurre en Ecuador y Panamá, que recurren a endeudamiento para financiar sus déficit fiscales, ya que el único emisor de dólares es EE.UU.
Cabe recordar que hasta el propio Milei está encontra de recortar el gasto social de los planes, principal causante del déficit.
Dolarizar la economía argentina a 22 años de la dolarización en Ecuador
Dolarizar la economía argentina a 22 años de la dolarización en Ecuador
El milagro económico panameño encalla en la desigualdad
(El País) Es uno de los países que más rápido ha crecido en la última década, pero la buena marcha de las grandes cifras esconde una economía dual: el crecimiento se concentra en unas pocas manos y en una pequeña franja de territorio
Aunque conocidos, lejos quedan para él esos grandes números. El aumento del PIB panameño ha rondado el 7% anual en la última década, un guarismo más propio de un dragón asiático que de un país centroamericano; la renta per cápita casi se ha duplicado en ese periodo, hasta superar a Chile y convertirse en la mayor de Latinoamérica y la tasa de paro está en el entorno del 6%, cerca del pleno empleo. La ampliación del Canal, por el que las dos terceras partes de los barcos de carga que transitan lo hacen con origen o destino en Estados Unidos, y el potente desarrollo de su sector financiero, gracias a las jugosas ventajas fiscales, se han convertido en los mayores motores de la economía. A ellos se ha sumado, más recientemente, la construcción: del boom inmobiliario, alimentado por capitales extranjeros y solo atemperado en los últimos meses, son testigo privilegiado los carteles de “se vende” en Costa del Este o Punta Pacífica, los nuevos barrios acomodados de la capital panameña. Y el resultado de ese cóctel de factores es, en fin, un milagro apenas conocido fuera del país centroamericano.
Pero los grandes números esconden, casi siempre, una segunda lectura. Panamá es un país marcado por la dualidad: los de adelante, parafraseando el título del último libro del politólogo mexicano Carlos Elizondo, corren mucho y los de atrás siguen muy rezagados. El dinamismo ha sido extraordinario, sí, pero su distribución y la inclusión de los más desfavorecidos sigue siendo la gran asignatura pendiente: los logros sociales no han ido de la mano. “Panamá ha gozado de un considerable progreso socioeconómico en las últimas décadas”, reconocía recientemente la OCDE —el think tank de los países ricos—. “Sin embargo, no todos los sectores, regiones y habitantes se han beneficiado al mismo nivel”.
La bonanza panameña se ha concentrado en una fracción de su población —los ingresos del 10% de la población más acaudalado son hasta 35 veces superiores que los del 10% menos agraciado—y en una pequeña franja territorial alrededor del Canal, por mucho la más desarrollada y conectada a las dinámicas de la globalización. Fuera quedan siete de sus 10 provincias y las tres comarcas indígenas con categoría de provincia. En estas últimas es donde la realidad muestra su peor cara: la pobreza afecta al 82% de la población y la pobreza extrema alcanza a seis de cada 10 personas. Pero, como dejan claro los casos de Rebeca y de Alfredo, sin llegar a las comunidades indígenas y sin siquiera salir de la provincia de Panamá, se puede ver nítidamente la realidad a la que los guarismos no llegan.
“La mayor desigualdad de este país al resto de América Latina”, acota Carlos Garcimartín, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país centroamericano, “no es solo consecuencia de la elevada pobreza en las comarcas indígenas”. Incluso descontando las innegables dificultades que atraviesan estas comunidades, donde la presencia del Estado, a pesar de haber aumentado en los últimos años, sigue siendo tan escasa como las conexiones decentes por carretera, la diferencia entre la capital y prácticamente el resto del país es abismal. “Es una cuestión de desequilibrios territoriales, que van en aumento”, agrega Garcimartín.
“Para los grupos conectados, que viven, sobre todo, en la ciudad y que tienen acceso a la educación y al financiamiento, las cosas han ido muy bien”, tercia el también economista Marco Martínez. “Para el resto, no tanto”. Mientras la renta media de los residentes en la capital se codea, según sus datos, con la portuguesa, “en las provincias más pobres está al nivel de países subdesarrollados”. Y eso, a la larga, como recuerda Joseph Stiglitz en El precio de la desigualdad, también puede frenar en crecimiento: de no cuidar la variable de la inequidad —“y hasta ahora no lo ha hecho”, subraya Alexis Rodríguez Mojica, profesor de Sociología—, el milagro panameño corre el riesgo de caer en su propia trampa.
Parte del problema reside en la escasa recaudación tributaria —la segunda más baja de Latinoamérica— que, aunque complementada por una inyección de alrededor de 1.700 millones de dólares anuales que aporta el Canal, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de los menos agraciados y para cerrar la brecha con aquellos segmentos a los que mejor le han ido las cosas. Ajeno al enquistamiento de la desigualdad, el sector público ha priorizado el gasto en capital y en infraestructura, y el gasto social se ha mantenido constante en el entorno del 9%. Son casi tres puntos menos que el promedio de América Latina, una región que no se distingue precisamente por la generosidad de sus coberturas públicas. “Este país”, critica Juan Jované, ex director de la Caja de Seguro Social y candidato presidencial independiente en las elecciones de 2004, “abandonó su política social en favor de una política de compensación. Cuando éramos un país más pobre, se trataba de impulsar los servicios públicos básicos; ahora prevalecen el clientelismo y las ayudas para que la población esté tranquila”. Solo en los últimos tiempos, desliza Rodríguez Mojica, las políticas públicas no se han pensado en términos de reducción de pobreza o de la desigualdad. “El problema es que para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza hacen falta 30 años o más”.
El panameño de a pie, sin embargo —y quizá, por ausencia de este—, es poco de pedir al Estado. Empleo al margen, la queja más repetida en la calle es el aumento de los precios de los productos básicos, que ha asestado una dentellada a su poder adquisitivo. Mientras las grandes cifras apuntan a una inflación bajo control, la percepción de los estratos con menos recursos es otra completamente distinta. “La vida está muy alta y los sueldos muy bajos”, dice, martillo en mano, Alma Moreno, de 49 años, mientras arregla la puerta de madera despintada de su casa, en el límite del barrio de San Felipe, a un paso del renovadísimo Casco Viejo de la capital panameña. Trabaja “barriendo calles”, dice, e ingresa poco más de 300 dólares quincenales, una cifra con la que en casi toda Latinoamérica se puede hacer lo más parecido a una vida digna, pero que aquí, en un país plenamente dolarizado, da para poco.
