La Justicia federal de Bahía Blanca cerró la investigación por los delitos que habrían cometido funcionarios y empleados de la Regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en esa ciudad para proteger a Lázaro Báez. Determinó que los sospechosos quedaron blindados por un cuestionado sobreseimiento que firmó Norberto Oyarbide en las postrimerías del kirchnerismo, meses antes de retirarse.
La decisión la adoptó el juez federal Walter López da Silva, basado en un dictamen del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, quien concluyó que Oyarbide cerró las puertas a la investigación con una resolución que se encuentra firme y que resulta, por tanto, “cosa juzgada”.
