La Defensoría del Pueblo de Oberá, a cargo de Carlos Bernhardt, elevó un pedido al gobierno provincial para crear un Instituto (Alcaidía) de Encausados y Procesados a cargo del Servicio Penitenciario Provincial y, a través de los organismos que correspondan, construya y dote al mismo de la infraestructura necesaria que requiera para destinarlo a la guarda y custodia de las personas privadas de su libertad que aún se
encuentran bajo proceso judicial, debido a que hoy son alojados en comisarías.
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE OBERÁ
COMUNICA
QUE VERÍA CON AGRADO:
Que, el Poder Ejecutivo Provincial cree, en el Municipio de Oberá, un
Instituto (Alcaidía) de Encausados y Procesados a cargo del Servicio Penitenciario Provincial y, a través de los organismos que correspondan, construya y dote al mismo de la infraestructura necesaria que requiera para destinarlo a la guarda y custodia de las personas privadas de su libertad que aún se encuentran bajo proceso judicial, dado que hasta el momento son alojados en las distintas comisarías dependientes de la Unidad Regional N° II de la Policía de la provincia de Misiones. Siendo que la actual custodia y traslado de los detenidos resta a la comunidad numerosos efectivos policiales que podrían estar realizando tareas de prevención del delito.
Que, a los fines mencionados el párrafo precedente y para no irrogar una inversión excesiva, se sugiere que (guardando las debidas distancias y demás medidas de seguridad) se aproveche parte de la inmensa disponibilidad de espacio con que cuenta el inmueble de la Unidad Penal II del Servicio Penitenciario Provincial (dotado de una superficie de 54 hectáreas) y la cercanía de tal predio con la localidad de Oberá.
Que, de aceptar las sugerencias realizadas (a través de la presente comunicación), en el Presupuesto del Gobierno Provincial para el ejercicio financiero del año 2023 que remita este año a la Honorable Cámara de Representantes, tenga a bien establecer las partidas presupuestarias pertinentes para crear, en el Municipio de Oberá, el Instituto (Alcaidía) de Encausados y Procesados, construir y dotar al mismo de la infraestructura que requiera su correcta funcionalidad operativa.
Emitida, en Oberá Misiones Argentina, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
Dentro de la funciones de la Defensoría del Pueblo de Oberá se encuentra la de mediar entre la ciudadanía de Oberá y los organismos gubernamentales y colaborar en la articulación de soluciones a las problemáticas que afectan a la comunidad (artículo 185 incisos 7 y 16 de la Carta Orgánica de Oberá).
Es un hecho de público conocimiento que en la actualidad el municipio de Oberá padece crecientes niveles de inseguridad. Siendo esa una problemática que, siempre y en mayor medida hoy en día, afecta, preocupa y debería ocupar a todos los estamentos institucionales del estado y de la sociedad civil.
En procura de abordar la temática de la seguridad la Defensoría del Pueblo de Oberá ha llevado adelante múltiples “Diálogos por la Seguridad” con diversos organizaciones de la sociedad civil y con organismo públicos federales, provinciales y municipales. Algunos multitudinario y otros menos numerosos; todos ellos útiles en cuanto a la valiosa información que brindan e iniciativas (administrativas, legislativas y privadas) que se plantean y analizan en procura de buscar soluciones que reviertan (o al menos atenúen) la creciente tendencia de agravamiento de la inseguridad.
Fruto de la mencionada iniciativa, surge la presente comunicación dirigida al Poder Ejecutivo Provincial (la Gobernación).
La imperiosa necesidad de la comunidad del municipio de Oberá de contar con un mayor número de efectivos policiales que desarrollen tareas de prevención del delito requiere, “entre otras tantas medidas administrativas”, que la Policía de la provincia de Misiones pueda dedicar sus esfuerzos a las tareas que le competen y no a tareas que son responsabilidad del Servicio Penitenciario Provincial, como ser la custodia, guarda y traslado de encausados y procesados (artículos 1 y 3 de la Ley XVIII – N° 4 -Antes Decreto Ley 605/72- Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial).
Por ello, que la Defensoría del Pueblo de Oberá solicita al Poder Ejecutivo Provincial cree, en el Municipio de Oberá, un Instituto (Alcaidía) de Encausados y Procesados a cargo del Servicio Penitenciario Provincial y, a través de los organismos que correspondan, construya y dote al mismo
de la infraestructura necesaria que requiera para destinarlo a la guarda y custodia de las personas privadas de su libertad que aún se encuentran bajo proceso judicial. Dado que hasta el momento son alojados en cuatro de las cinco comisaría existentes en dicho municipio, todas dependientes de la Unidad Regional N° II de la Policía de la provincia de Misiones. Siendo que la actual custodia y traslado de los detenidos resta a la comunidad numerosos efectivos policiales que podrían estar realizando tareas de prevención del delito.
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