Se trata del primer proyecto de los diputados nacionales Victoria Villarruel y Javier Milei de Libertad Avanza.
Sólo cuenta con dos artículos muy escuetos y concisos: Derogación del Impuesto al Cheque, Impuesto a los Créditos y Débitos de Cuentas Bancarias.
Popularmente se lo conoce como impuesto al cheque, pero en realidad es un tributo que le corresponde tanto a los débitos como a los créditos bancarios y lleva exactamente dos décadas de vigencia en nuestro país, después de haber sido creado por Domingo Cavallo en 2001 como un gravamen de emergencia en el marco de una histórica crisis financiera.
El impuesto al cheque se aplica sobre todas las operaciones de acreditación que se hayan realizado en una cuenta bancaria, de una persona o de una empresa. La carga tiene una alícuota del 0,6% sin importar el monto, lo que la convierte en la tercera más importante de Argentina, detrás del Impuesto al Valor Agregado y también del Impuesto a las Ganancias.
A modo de ejemplo, ante una transferencia recibida por un valor de $10.000, la ley nacional establece un 0,6% de tributo y el sistema descuenta un monto de $60 por esa acreditación. En 2017 se dispuso mediante la Ley 27.432 que el total de la recaudación del impuesto al cheque fuera destinado a la ANSES.
A diferencia de lo que sucede con las cuentas corrientes, el hecho imponible en las cajas de ahorro se produce exclusivamente por la gestión de cobro de cada cheque depositado, y entonces el impuesto se aplica en forma directa al monto, aunque al 1,2% en ese caso.
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