Volvieron a citar a Macri a indagatoria por la causa del espionaje a familiares del ARA San Juan

El juez subrogante de Dolores, Martín Bava, fijó para el próximo miércoles la nueva citación para que el ex presidente Mauricio Macri preste declaración indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal sobre familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.


Luego de que el presidente Alberto Fernández relevara del secreto y la confidencialidad al líder del PRO, el magistrado convocó al imputado para que concurra al Juzgado de Dolores el próximo 3 de noviembre a las 12.


El Gobierno nacional oficializó hoy el decreto 750, por el cual se releva del «deber de confidencialidad» sobre temas de inteligencia nacional al expresidente Mauricio Macri, como había solicitado la justicia en el maco de la causa que investiga supuesto espionaje ilegal a los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.


«Relévase al ingeniero Mauricio Macri de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley Nº 25.520 y en el marco de la causa Nº 8559/20 que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires», dice el artículo del decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández y publicado hoy en el Boletín Oficial.


En los considerandos, se señala que el juez Martín Bava realizó el requerimiento «atento lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en el marco de la audiencia indagatoria del nombrado, la que debió suspenderse (ayer) durante el curso de la misma con el fin de evitar futuros planteos nulificantes».


En consecuencia, se resolvió que » estando imputado el ingeniero Mauricio Macri de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente».


Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan «desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno».