OBERÁ. Así lo confirmó el abogado y asesor legal de la Defensoría del Pueblo, Hugo Lesiuk en ronda de prensa este miércoles, en la sede del organismo.
La inquietud surgió esta semana ya que Cooperativa Eléctrica Ltda. Oberá, comunicó a los socios que, a partir del día lunes 3, comenzará a realizar cortes de servicios por facturas vencidas.
El 19 de junio pasado, el Gobierno nacional volvió a prorrogar por seis meses la suspensión de los cortes de servicios públicos, de luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por falta de pago, según se publicó a través en el Boletín Oficial.
A través del decreto 543/2020, el Gobierno prorrogó «el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 desde su vencimiento, y por un plazo adicional de ciento 180 días corridos. Es decir, se extendió por seis meses la reglamentación que faculta al Poder Ejecutivo «a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario».
Sin embargo, según explicó Lesiuk, a la medida nacional debían adherir las Provincias pero en el caso de Misiones, el gobierno de Oscar Herrera Ahuad no lo hizo, por tanto las empresas de servicio pueden cortar los mismos ante facturas vencidas.
De todos modos, aclaró que la medida nacional no abarca a todos los sectores sociales. «Es para personas que cobran asignaciones familiares, jubilados, monotributo social, monotributos que no facturen más de dos sueldos mínimos vital y móvil; los electrodependientes que rigen por la ley de discapacidad», detalló entre otros.
Además precisó que en Oberá sólo un usuario de la CELO llamó por teléfono a la Defensoría para consultar por el decreto nacional que prohíbe los cortes. Respecto a comercios o empresas que acumulan deudas por el impedimento a poder trabajar a causa de la pandemia, «lamentablemente no abarca el decreto», señaló, indicando que si «hay ciertas Pymes que están abocadas a la pandemia, de alimentación y salud» que están incluidas en la medida nacional.
No obstante, Lesiuk aseguró que «desde la Defensoría vamos a asesorar a los usuarios que no puedan pagar las facturas, que se presenten, se les va a a tomar la denuncia y se va a tratar de conciliar con la CELO algún plan de pagos o que se tenga en cuenta situaciones especiales», expresando que «los servicios constituyen un instrumento fundamental para garantizar los derechos de la salud, educación, alimentación y vivienda digna».
Por otro lado, manifestó además «hay que entender en cuenta que la CELO es de todos y si nadie va a pagar la factura, ¿cómo se va a solventar?», se preguntó.
De todos modos, desde la cooperativa local han manifestado que quienes tengan problemas para abonar sus facturas debido a la coyuntura, pueden acercarse al sector de Gestión y Cobranzas para acordar la manera más conveniente de regularizar su situación y así evitar el posterior costo de la reconexión.
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