OBERÁ. La única actividad del Concejo Deliberante obereño, este último martes, fue declarar de Interés Público Municipal, las actividades a realizarse en el marco del Mes de la Prevención de las Adicciones, llevadas a cabo por la Red Municipal de Coordinación para la Prevención de Adicciones. Además ingresaron dos pedidos, uno para ampliar horarios de las panaderías y otro para limpiar una plaza en barrio Punta Alta. Eso fue todo.
Desde que comenzó la cuarentena, el legislativo local no pasa de ser una escribanía municipal, lo que casi siempre en su historia fue, pero ahora con mayoría absoluta, queda aún más evidente. Con casi nulas actividades y escasos proyectos de relevancia, limitándose a aprobar declaraciones de interés o iniciativas giradas desde el ejecutivo, pareciera que en Oberá no hubiesen más problemas.
Cabe recordar que esta institución le costará al erario público $26.580.000 este año, y cada uno de sus 9 ediles cobra más de 40 mil pesos al mes sin contar el costo, de sus asesores. Para muchos, la actividad legislativa no debería ser remunerada o pagarse según la actividad.
Incluso, originalmente algunos Concejos Deliberativos no cobraban honorarios ni dietas por el ejercicio de funciones. En 2018, en Alta Gracia, un edil propuso que los concejales vuelvan a trabajar ad honorem, como era antes. El Art. 72 de la iniciativa establecía que los Concejales de la ciudad de Alta Gracia ejercerán sus funciones Ad Honorem en representación de los vecinos de la ciudad de Alta Gracia. Otro proyecto similar propuso descontar el 50% del salario a aquellos ediles y funcionarios que tengan otra actividad por fuera de la función pública, es decir, distinguir entre quienes se dedican a la función full time o part time.
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