OBERÁ. De manera simultanea, en muchas ciudades del país, los médicos dependientes de las obras sociales y prepagas se movilizaron por las calles bajo la modalidad de protesta de «bocinazos». En Oberá, la extensa caravana tuvo inicio cerca de las 18 horas sobre la avenida de las Américas y Gendarmería Nacional. Desde ese punto remoto, llegaron hasta el centro cívico donde se concentraron en la plazoleta Güemes.
El reclamo de los galenos es ante el cada vez mayor atraso por parte de las obras sociales en pagarles por los servicios médicos prestados. Aseguran que tardan hasta 6 meses en abonar. El tema no es de ahora, pero se viene agravando.
En ese sentido, un médico que participó del recamo mencionó que las obras sociales recibieron del Gobierno Nacional un monto entorno a los 5 mil millones de pesos para hacer frente a los gastos durante la pandemia. Cabe recordar que, los asalariados y autónomos debieron seguir aportando a las mismas durante el confinamiento obligatorio, sin embargo los consultorios estuvieron cerrados hasta mediados de abril, por lo que dichas obras sociales no tuvieron costos en cuanto a consultas y tratamientos no urgentes.
Según indicaron los médicos, ese multimillonario monto fue repartido entre Camioneros que recibió 900 millones, Osecac 90 millones, Osprera 250 millones, etc.
Ante la consulta de ¿a dónde fue esa plata?, para algunos galenos el destino son plazos fijos en los bancos: «dicen que no tienen y ponen en plazos fijos por tres meses porque hacen su diferencia».
Incluso, a modo de comparación, la obra social Ceramistas que es propiedad del Instituto Nercolini, tiene al día los pagos a los médicos en las clínicas que posee en Oberá: «Pagan antes del 7 de cada mes», aseguraron.
El 21 de mayo pasado, el Gobierno nacional otorgó otra “ayuda financiera de excepción” para las obras sociales, utilizando 1.200 millones de un Fondo de Emergencia y Asistencia, que fue creado durante el macrismo y nunca había sido usado. El reparto se hizo según los menores aportes acreditados por la AFIP.
El Gobierno concretó el salvataje de los sindicatos y de las obras sociales según la resolución 941/2020 del Ministerio de Salud, por la cual se establece “la ayuda financiera de excepción” para los agentes del Seguro de Salud destinada a compensar la caída en la recaudación del mes de abril, con relación a marzo, para “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.
El Fondo de Emergencia y Asistencia fue creado en agosto de 2016 mediante el decreto 908, y el dinero que el Gobierno destinó originariamente para ese fin, de unos 4.500 millones de pesos, fue creciendo por los intereses financieros y una parte ahora se usará para un caso de epidemia, tal como fue concebido.
De todas formas, la CGT había pedido 45.000 millones en tres cuotas para cubrir la caída en los aportes para las obras sociales. La cifra parecía exagerada, pero, según los sindicalistas, estaba en sintonía con la recaudación del sistema de seguridad social: en el mes de febrero ingresaron aportes a las obras sociales por unos 34.000 millones de pesos. Y la reducción que se produjo por la parálisis de la actividad debido al aislamiento osciló entre el 50% y el 70% de su nivel habitual.
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