OBERÁ. La iluminación general de la mayor parte de la ciudad es escasa. Apenas se recorren unas pocas cuadras fuera del micro centro y algunas avenidas, y de jirafas se pasa a focos con lámparas tulipa de chapa cuyos focos poco iluminan. Esto se da por ejemplo, en calle Santa Fe, donde solo la primera cuadra cuenta está mejor iluminada, la segunda y tercera un poco menos y las restantes a oscuras.
En los barrios es peor. En septiembre pasado, la ex presidente de la Juventud Radical, Mariana “Tiny” Jaquet, solicitó al Concejo Deliberante, mejorar el alumbrado público para la Avenida Picada Vieja, particularmente entre avenida de las Américas y la seccional Cuarta. Fundamentó que “en su inicio y pasando por la comisaría cuarta, no hay iluminación, quedando desprotegido el barrio y vecinos, que están cansados de los reiterados hechos de inseguridad”. Pero no hubo respuestas.
La semana pasada se reunió con el recién asumido concejal, Pablo Hassan por este y otros temas. Al respecto, el edil respondió que «es responsabilidad de la CELO», pero se comprometió en hacer gestiones sobre el asunto.
En ese sentido, consultado sobre a qué institución le corresponde la colocación, mantenimiento o modernización del alumbrado público, el ex presidente de la CELO, Carlos Ortt dijo a Infober que todas las obras alumbrado público deben ser financiadas por las municipalidades. La cooperativa solo se hace cargo del consumo, monto que llega en las facturas a los socios. Cada vez que se instala una jirafa de luz, si bien lo hace personal de la cooperativa, luego se le envía la factura al municipio.
Sin embargo, como la municipalidad está sobredimensionada de empleados, su presupuesto se va en sueldos y gasto público corriente, y no queda para mejorar la iluminación, menos aún para poner led cuya calidad lumínica es muy superior y reduce el consumo.
Todo lo que llega de coparticipación (alrededor de 25 millones de pesos por mes) se va en el pago de sueldos y aportes patronales, y casi no quedan para obras, según lo afirmó el propio intendente Carlos Fernández el domingo. “No podemos prometer obras porque, por ejemplo, nosotros teníamos una expectativa, el día jueves nos depositaron los fondos de la coparticipación que ha tenido un bajón sumamente importante y tuvimos que tramitar todo el viernes para juntar y poder pagar los sueldos en tiempo y forma como nos habíamos comprometido”, dijo tras inaugurar el período legislativo 2020.
Impuestos en cubierto
Cabe recordar que, los municipios no pueden cobrar impuestos por Ley de Coparticipación, pero lo hacen llamándoles “tasas”. Las tasas son a cambio de servicios: recolección de basura, alumbrado y barrido (lo que en Buenos Aires se denomina ABL). Sólo el primero se presta a toda la comunidad y depende donde, varía la cantidad de veces por semana. El segundo prácticamente no lo hacen razón por la que la mayor parte de la ciudad está casi a oscuras, con lámparas de sodio que poco alumbran, mientras que las led solo se colocaron en plazoletas y bulevares.
Y el tercero se presta únicamente en el centro. Sin embargo, la Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble no detalla, como cualquier factura de servicios, cuánto sale la recolección de basura y menos aún los otros dos servicios, entre esos el cambio del alumbrado.
Peor aún, las tasas de comercio e industria no solo no dicen cuánto sale recolectar la basura ni mejorar la iluminación, sino además se cobra de acuerdo a un porcentaje de su facturación: 5/1000, es tanto como que la CELO en lugar de cobrar el consumo, cobre el agua o la energía de acuerdo a cuánto vendió un comerciante. En definitiva, es un impuesto disfrazado de tasa que además espanta empresas y con ello, fuentes de trabajo.
En los últimos años, varias empresas como Abarca, El Nochero, Bárbaro, Pawluk, Rocholl, Bilinski, Doré, entre otros, se trasladaron al vecino municipio de Guaraní no porque hayan creado un parque industrial, sino porque le cobran diez veces menos el impuesto (tasa industrial) a las empresas que se instalen en la franja lindante a la ruta 14 desde avenida Pincen y Picada Yapeyú, siempre y cuando generen mano de obra para habitantes del municipio.
En Oberá. la municipalidad sigue siendo el mayor dador de empleo con más de 1200 puestos, a los que suman planes y contratos. El segundo es la CELO con más de 250.
¿La municipalidad necesita tantos empleados siendo que no le quedan recursos para hacer obras?. Javier Carísimo, director de finanzas de la Municipalidad, reconoció en octubre pasado que Oberá debería tener no más de 800 empleados (el pacto firmado entre municipios, provincias y Nación, establece una relación de 1 empleado cada 100 habitantes), y afirmó “serían suficientes…estamos excedidos”.
La mayoría de los contribuyentes desconoce que la presión impositiva más aportes previsionales (que van al Estado) suman el 50% del costo en góndola de cualquier producto. Así, por cada kilo de yerba que el consumidor paga $200 en un comercio, 100 pesos van directo al Estado mediante una maraña de impuestos, sellos, regulaciones, tasas, etc, que se va sumando en toda la cadena productiva y de comercialización. Con el combustible la presión fiscal es aún mayor y está presente hasta en el costo de flete de ese kilo de yerba.
Cabe mencionar que Argentina está entre los 20 países con mayor presión fiscal (impuestos nacionales, provinciales y municipales) del mundo.
Empero, esos contribuyentes que pagan tantos impuestos nacionales, provinciales y locales, cuando necesitan que le coloquen o cambien la farola porque no alumbra; le hagan la calle, la plaza, o pongan un semáforo, nada de esto se puede hacer porque todo se va en sueldos y gasto público corriente.
La Argentina lidera un ranking de presión impositiva mundial
Un informe de Data Driven Argentina señaló que la presión impositiva a la producción representa el 106% de la ganancia neta (antes de impuestos) de una pequeña o mediana empresa. Esta cifra sólo es superada por las Islas Comoras (África). Además, remarcó que “la Argentina tiene la mayor presión impositiva relativa a su nivel de desarrollo”, dado que la cifra, a 2017, ascendía al 35% del PBI. Es decir, que por cada $100 generados por los argentinos, el Estado, en sus tres niveles, captó $35.
