CHILE. El proyecto del seguro de salud para la clase media, que forma parte de la «agenda social» presentada por el Presidente Sebastián Piñera en el marco de la crisis que enfrenta el país, fue aprobado por la Cámara de Diputados este martes.
El proyecto que establece un seguro catastrófico que apunta a una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección para la atención en el sistema de salud Fonasa.
INFOBER tomó contacto con una ciudadana chilena que reside en Santiago de Chile. Zita Vargas, de 30 años contó que sufrió un ACV en 2018 y tras ser encontrada por familiares, fue internada en un hospital público, más precisamente en el Posta Central, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), el principal centro de atención de urgencias médicas de adultos de la Región Metropolitana de Santiago y a nivel nacional.
«Mi accidente cerebro vascular fue el 14 de Febrero 2018. Yo cuando caí al hospital fue en el servicio de Salud Pública. Tuve una craneoplastía, traqueotomía y días en la Unidad de cuidados intensivos», contó precisando que «Estuve un mes en coma, todo mi tratamiento fue un éxito».
Continúó. «mi craneoplastia fue el 7 de febrero 2019», señalando que «mi hueso del cráneo se guardó casi un año, un año tuve que usar casco de bicicleta porque no tenía parte de mi cráneo… tuve una excelente atención».
Respecto a la de cobertura de salud o el equivalente al sistema de obra social, respondió «No tenía nada, porque había renunciado a mi trabajo para viajar a Japón, no tenía ninguna cobertura, ni seguro, nada«, contó remarcando: «Toda mi atención fue en servicio público» y el Estado le «cubrió todo», aseguró.
De esta forma, desmitifica que no tener seguro de salud implique el desamparo por parte del estado en ese país, como hacen ver grupos activistas aseverando que «los pobres no tienen acceso a la salud». No obstante reconoció que «a veces no hay suficientes insumos. En Chile hay buenos médicos, pero a veces faltan insumos», cosa que también pasa en los hospitales públicos argentinos.
El sistema de asistencia sanitaria de salud chileno está regido por leyes de la República, siendo el Ministerio de Salud, la entidad central encargada de supervisar el cumplimiento de estas. El Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), comprende al propio Ministerio así como a sus organismos dependientes: el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Superintendencia de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile, la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y la Secretaria Regional Ministerial de Salud, que incluyó como institución al Servicio Metropolitano de Salud del Ambiente (SESMA).
La atención de salud de las personas chilena está a cargo de un sistema público y privado. FONASA es el ente financiero encargado de recaudar, administrar y distribuir los dineros estatales destinados a salud. El sector privado está representado por las ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional) o aseguradoras de salud. En 2002, Chile gastó alrededor del 5.8% del PIB en promoción y atención en salud, del cual el 3% aproximadamente correspondió a gasto público que atiende a aproximadamente el 70% de la población, y el 2,8% a gasto privado. Para el año 2007 el gasto en salud subió al 6.9% del PIB y al 8.2% el 2009.
Del gasto público cerca de la mitad fue financiado por las cotizaciones de los trabajadores afiliados a Fonasa y la otra mitad directamente por el fisco. Del gasto privado, la mitad aproximadamente provino de planes de salud privados pagados previamente y la otra mitad de desembolso directo del usuario. En 2013, Chile fue calificado como el primer país de Latinoamérica y decimotercero del mundo en el uso eficiente de recursos en salud.
Las protestas llevan 12 días en Chile y el desencadenante fue la suba en la tarifa del metro en Santiago que lo llevó a convertirse en el servicio más caro de la región: 1,2 dólares (70 pesos argentinos). La medida fue retrotraía por el presidente Sebastián Piñera que además realizó cambios en el gabinete, pero las manifestaciones continúan, mientras sectores de izquierda autores de los destrozos registrados en el metro, piden su renuncia y un cambio de modelo económico. El otro reclamo es la suba en la tarifa de energía, de un 10 % en 2019, a causa la devaluación del dólar en ese país que ocurrió en el segundo semestre de 2018 y fue aplicado recién en mayo del presente.
Zita Vargas tras la craneoplastía
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