MISIONES. En la reunión del jueves realizada en el INYM, asociaciones yerbateras pidieron que se separe de sus cargos al presidente de la institución, Alberto Re, y a su gerenta, la contadora Rosana Biale. Además solicitaron que se investigue la casi condonación de deudas que favoreció a empresas del sector.
También esta semana, se conoció un millonario juicio que tendría sentencia desfavorable para el INYM. Se trata de una demanda que comenzó hace más de una década por parte de una cooperativa de Acaragüá, que pasó a manos de abogados donde reclaman ente 400 y mil millones de pesos.
El pedido fue elevado mediante nota dirigida al ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, donde detallan que el directorio del INYM modificó el régimen de multas aplicables a empresas que violan normas de la ley 25.564, donde una falta pasa de equivaler a 1 millón de kilos de yerba canchada, a un máximo de 10.000 kilos. Además de reducirla en un 50% si se paga en forma voluntaria.
El INYM publicó hace tres días en el Boletín Oficial la resolución 268/2019 que oficializa este nuevo régimen de sanciones, e inmediatamente después emitió penalidades pendientes que habrían recaído en un grupo de empresas yerbateras cuyos nombres no se divulgaron. Estas empresas se beneficiaron con la reducción en las multas por sumas millonarias, aseguran los productores.
Los productores que firmaron la carta son Hugo Sand (APAM), Julio y Jonás Peterson (ACPYN), Ariel Stefen (ACPYN), Victor Fabián Tarnowyk (ACPYN), C de la Pierre, Martin Dellien (Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera San Pedro), y Roberto Buser (Arya), Rubén «Cacho» Ozeñuk, Nelson Dalcomo (Asociación Chimiray), y Juan José Szychowski.
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