MISIONES. Se ve en estos días como múltiples casos de asesinatos que se cometieron en nuestra provincia van tomando diferentes y sorprendentes rumbos en lo que refiere a la justicia y su accionar, como ser el de Víctor, el adolescente de Santa Ana. El riesgo de las víctimas de diversos delitos (que aún conservan su vida) y de sus familiares, amigos, etc. casi siempre se extiende aún más allá del momento del delito mismo, es decir, lo que vive una persona luego de haber pasado por un delito contra la vida; contra la integridad sexual; de terrorismo; por una asociación ilícita u organización criminal; contra la mujer, cometidos con violencia de género; o de trata de personas es también trumático e inclusive puede ser peligroso.
Y, teniendo en cuenta todo ese proceso posterior es que la diputada Alba Beatriz Nilsson ha presentado ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que procura la «Adhesión a la Ley Nacional Nº 27. 372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos» y asimismo pretende modificar la Ley XIV – N° 13 Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones.
«El proyecto de ley pretende fortalecer las políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas de delitos un efectivo cumplimiento de sus derechos, procurando dar respuestas a las demandas constantes de una sociedad que reclama mayor injerencia del Estado en arbitrar los medios que sean indispensables en salvaguardar a las víctimas de delitos», asegura en el documento.
Los objetivos de esta ley son enumerados como: reconocer y garantizar los derechos de las víctimas como ser los derechos al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad, para que estos se cumplan se determinan algunos principios como el de rápida intervención.
Además, uno de los principios citados es la «no revictimización: la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles», generando así un proceso más llevadero para los que transitan estas etapas.
Con esta adhesión a la ley también se establece que las víctimas tendrán derecho a que se le reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta; a recibir un trato digno y respetuoso; a que se respete su intimidad; a requerir medidas de protección para su seguridad; a ser asistida en forma psíquica, física y social y a examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado, entre otras.
Y, para asegurar que se cumplan los derechos, también los que llevan las causas adelante representando a la ley tendrán obligaciones como ser: asesorar acerca de los derechos que le asisten y de los medios con que cuente para hacerlos valer; informar los nombres del juez y el fiscal que intervendrán en el caso; e informar la ubicación del centro de asistencia a la víctima más cercano, y trasladarla hasta allí en el plazo más breve posible.
Finaliza la fundamentación de este proyecto remarcando que «en general, independientemente de la modalidad delictual o la gravedad del hecho ocurrido, una vez iniciado el proceso penal el mismo se centra en el imputado y resulta mayormente abandónico para la víctima o sus familiares. Pocas veces la víctima ejerce el derecho a ser oída y la causa generalmente se resuelve sin su conocimiento u opinión… La víctima necesita ser tenida en cuenta por el derecho penal para mitigar su dolor, afectación y sufrimiento».
FOTOGRAFÍA: Gentileza de Micaela Feversani.
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