MISIONES. El jueves retornaron las sesiones en la Cámara de Representantes de la provincia, y entre las Nuevas leyes aprobadas por los diputados que cobran más de 100 mil pesos por mes, se instituyó el Festival Provincial de las Artes, que se realiza en noviembre de cada año en Puerto Esperanza. Es una manera de rendir homenaje a la historia y trayectoria de esa localidad, “ya que desde los años sesenta los ciudadanos pueden disfrutar de obras de teatro que constantemente se estrenan en esa ciudad, así como de las distintas bandas de música de gran trayectoria”, expresó la diputada Rosana Argüello, autora de la iniciativa.
Mediante sendos proyectos del legislador Marcelo Rodríguez, se instituyó la Fiesta Provincial del Pan, que se realiza en octubre de cada año, en el municipio de Gobernador López; y la Fiesta Provincial del Vendedor de Chipa, que se realiza el segundo fin de semana de octubre de cada año, en la localidad de Santa Ana. Gobernador López ofrece variedades de panes para degustar gracias a las tradiciones de sus inmigrantes europeos, y Santa Ana cuenta con más de 120 vendedores y cinco fábricas de chipa, argumentó Rodríguez.
Por otra parte, Misiones adhirió a la Ley Nacional 26.653 de accesibilidad de la información de las páginas web. Esto implica que la información publicada mediante este tipo de tecnología pueda ser comprendida y consultada por los usuarios, incluyendo las personas con discapacidad, independientemente de los programas o del equipamiento. “La utilización de Internet como medio de comunicación es cada vez mayor, por ello necesitamos imperiosamente romper las barreras para su utilización”, expresó el legislador Oscar Alarcón, impulsor de la medida parlamentaria. Por iniciativa del mismo autor y de la ex diputada Noelia Leyria, también se incorporaron dos artículos a la Ley XIX-23, que implican la adhesión provincial a las leyes nacionales 22.431 y 24.901, y a sus respectivas modificatorias.
Asimismo, la Legislatura decidió donar a la Municipalidad de Almafuerte un inmueble provincial, buscando “la regularización de la titularidad donde se encuentran las instalaciones de un edificio destinado a la administración del sistema de agua potable. El pedido fue efectuado, en su momento, por Pedro Pietrowski durante su gestión como legislador.
