La primera reunión fue a las 15 horas por la solicitud de los vecinos de Picada Argentina y barrio San José, dónde viven más de 75 familias que esperan la autorización para acceder a los servicios públicos.
El departamento jurídico de la Municipalidad de Oberá se comprometió en actualizar con un censo de cuantas familias viven en los lotes 81, lote 93 B y lote 93 C, para luego seguir con las gestiones de que las familias propietarias puedan autorizar las conexiones de energía eléctrica, mientras que la municipalidad tendrá que seguir trabajando en la urbanización.
El inconveniente es el tramado legal que tienen las tierras y ese es el trabajo que desarrollan jurídicamente para el beneficio de las familias.
Mientras que a las 17 horas, se reunieron familiares de la familia Ruff, quienes son propietarias de los espacios dónde están asentados 30 familias, en representación estuvo Ramón Barboza y hasta el momento hubo negativa por parte de los propietarios para autorizar que puedan acceder a los servicios.
Estuvieron presentes, Matías Frick, representante jurídico de la Municipalidad, Hugo Lesiuk, asesor jurídico de la defensoría y Patricia Nittmann, la defensora del Pueblo. Seguirán trabajando en diferentes mesas de diálogos, esperando realizar gestiones ante las entidades que corresponden y pronto llegar a un acurdo para el beneficio de las familias asentadas en espacios privados.
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