MISIONES. Desde la sanción de la ley de participación público privada (PPP), allá por noviembre de 2016, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la mano de Horacio Rodríguez Larreta , y otras 9 provincias sumaron esta herramienta de inversión a sus jurisdicciones para llevar adelante grandes proyectos de infraestructura. Misiones aún no adhirió.

Por eso desde Nación, según pudo saber este diario, están hablando con todas las provincias que no adhirieron para que se sumen. «Si adhieren podrían estructurar proyectos vía PPP para proyectos provinciales y así paliar la rebaja anunciada en obra pública», señalaron fuentes del Gobierno.

Además de la ciudad de Buenos Aires, ya integraron la herramienta de inversión a la normativa local la provincia de la gobernadora María Eugenia Vidal, Chaco, Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Uno de los motivos de preocupación para el equipo de Mauricio Macri, que dialoga de manera continua con las provincias, es que si las restantes jurisdicciones no incluyen este tipo de financiamiento para llevar adelante los millonarios proyectos de infraestructura (entiéndase caminos, puertos, rutas, aeropuertos, telecomunicaciones), no solo las provincias no van a poder avanzar, sino que tampoco lo podrá hacer Nación.

 

El Gobierno quiere que fondos privados compensen la obra pública que se frenó

 

Nicolás Dujovne lo había anunciado el viernes y este domingo le agregó la estrategia para compensarlo. El Gobierno recortará una parte de la obra pública para sobrecumplir la meta de reducción del déficit fiscal para este año, una de las medidas que anunció para dar una señal a los mercados y frenar la suba del dólar.

El ministro de Hacienda indicó que, ante la baja de obras con fondos del Presupuesto, el objetivo será aumentar los proyectos con el sistema de Participación Público Privada. El movimiento incluirá abrir un nuevo frente con los gobernadores, porque Mauricio Macri buscará que los distritos que no lo hicieron adhieran al esquema en las legislaturas provinciales.

El sistema PPP ya se había puesto en marcha con una primera etapa de US$ 6.000 millones para construir autopistas y rutas, con cuestionamientos replicados por el Gobierno por los beneficios impositivos para las empresas y el aval a concurrir a tribunales arbitrales extranjeros ante eventuales controversias, entre otros puntos.

A partir de la nueva meta para bajar el déficit -del 3,2% del PBI previsto anteriormente a 2,7%-, el impulso extra a las obras con ese esquema se convirtió en la alternativa para contener los reclamos de gobernadores y sectores sindicales. La UOCRA ya expresó su preocupación y anunció que analiza medidas de protesta.

“Hay muchos proyectos de PPP en obras hídricas, viales, de vivienda, energéticas. Estamos hablando con las provincias que no adhirieron para que se sumen”, contaron fuentes del Gobierno sobre las conversaciones con gobernadores para reacomodarse al nuevo escenario. Dujovne estimó en $30.000 millones el recorteen la obra pública.

Desde que se sancionó la ley nacional, 10 de los 24 distritos refrendaron la norma en las legislaturas locales. Entre las 14 que restan dominan los gobernadores peronistas aunque aparecencasi todos los colores políticos, incluso de Cambiemos: Formosa, La Pampa y San Luis en manos de peronistas con áspera relacióncon la Casa Rosada; Salta, Entre Ríos y Tucumán, de mejor vínculo; San Juan, Chaco, Catamarca y La Rioja, fluctuantes; Río Negro y Misiones, con mandatarios de partidos provinciales; Santa Fe en poder del socialismo y Corrientes, una de las tres comandadas por el radicalismo.

Entre la tensión por las facturas de los servicios públicos y las negociaciones en el Congreso, la nueva meta de reducción del déficit agregará otro tema de discusión en la relación de Macri con los gobernadores.