OBERA. Durante este viernes a la mañana, personal municipalidad quitó los elementos como alambres y otros que intrusos estaban usando para delimitar terrenos apropiados en la zona de la reserva Mbotabí, del Barrio Caballeriza. Desde la Unidad Regional Dos informaron que no se trató de una orden de desalojo ya que solo el Juez de Instrucción interviniente emite la misma, cosa que no ocurrió en este caso; sí hubo un pedido de custodia por cuestiones de seguridad al personal de la municipalidad del área de Asuntos Barriales a cargo de Javier Velázquez.
La agrupación TECHO Argentina, sede Oberá, emitió un comunicado manifestando una versión diferente de lo ocurrido:
Ante los hechos ocurridos esta mañana en el Barrio Caballeriza, Oberá, desde TECHO Argentina manifestamos nuestra preocupación y profundo desacuerdo al desalojo de 36 familias y al violento accionar de las fuerzas de seguridad y personal municipal en el mismo, quienes quemaron la vivienda de un vecino que no se encontraba en el barrio por estar en la tarefa. También tumbaron varias viviendas, entre ellas la de un vecino y su hija discapacitada y la de una vecina que en ese momento se encontraba dando a luz en el hospital, violando derechos consagrados en los instrumentos internacionales.
De acuerdo a los compromisos internacionales de Derechos Humanos, ante los procesos de desalojo debe garantizarse un aviso apropiado a todas las personas que podrían verse afectadas, en un plazo razonable, con asesoramiento jurídico y brindándoles una propuesta alternativa. En este caso, el desalojo se realizó sin exhibir la orden judicial correspondiente, sin la presencia de un Juez y sin dar explicaciones a los vecinos sobre lo que estaba ocurriendo.
El desalojo no puede ser entendido como una solución a un problema de inseguridad, cuando el mayor problema que visibiliza Caballeriza es la profunda crisis de acceso al suelo en Argentina. El abordaje desde este punto de vista, no hace más que reforzar el estigma que pesa sobre las familias que viven en situación de urgencia en los asentamientos informales e ignorar la cuestión de fondo. El acceso a la vivienda es un derecho de carácter constitucional y debe ser garantizado a todos las personas que habitan el suelo argentino. Ante la vulneración de este derecho, millones de personas viven en asentamientos sin acceso a una vivienda digna, servicios básicos, empleo y educación.
El Estado debe ejercer un rol activo en la situación de vulnerabilidad de los vecinos del Barrio Caballeriza e intervenir en términos de planificación y ejecución de políticas públicas acordes a la problemática, para que, partiendo desde una perspectiva de derecho, se garantice el justo acceso a un hábitat digno. Creemos que es el Estado quien debe velar por garantizar que se cumplan los derechos de todas las partes involucradas y, en este sentido, es esencial brindarle una respuesta y asistencia a la emergencia habitacional a las familias del Caballeriza sin recurrir a la violencia.
CONTACTO
Damián Reinero, Director General sede Oberá, cel: 3764-760697, damian.reinero@techo.org
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