OBERA. Ayer domingo por la noche, en la jornada nacional denominada 25M “Marcha por la vida”, en paralelo con manifestaciones en otras ciudades del país, en Oberá un nutrido grupo de fieles de distintas iglesias convocados por el Consejo de Pastores y el obispado, marcharon en desacuerdo al tratamiento de la ley que despenaliza el aborto.
La protesta fue convocada con lugar de partida en avenida de las Américas y Gendarmería Nacional frente al monumento cacique Oberá hasta llegar al centro cívico, aunque también lo hicieron desde otros puntos. La fecha coincidió con el Día Mundial de los Derechos del Niño por Nacer. Fue la primera vez que el clero local convoca a una manifestación importante en una ciudad donde abunda el temor al que «dirán» y durante años los gobernantes se han dedicado al afano y la desidia frente a la omisión conveniente o peor aún, connivencia de pastores y curas (repartían votos de la Renovación hasta dentro de las iglesias) a cambio de que le arreglen el techo, la vereda o mejor aún, se les monte una fm. Salvo excepciones aisladas, no se han plegado a las tantas marchas y manifestaciones realizadas en la ciudad en reclamo de justicia y contra la corrupción.
También hubo manifestaciones en Posadas, Apóstoles e Iguazú.
El 6 de marzo de 2018 se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley por la despenalización y legalidad del aborto. Si bien es la séptima vez en doce años que se presenta, es la primera que abrirá el debate a toda la sociedad y tendrá tratamiento legislativo.
El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, advirtió que el aborto es la “primera causa de muerte materna” en el país y subrayó que anualmente se registran 50.000 internaciones en establecimientos públicos por casos de interrupción del embarazo.
El proyecto fue presentado en coautoria por 4 diputadas: Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Romina del Plá (Partido Obrero – Frente de Izquierda) y Mónica Macha (FPV). Dicha presentación fue acompañada por 71 diputados firmantes, mas de un centenar de personas en la sala y una gran movilización en las calles.
A nivel nacional, miles de personas participaron el 25 de marzo de 2018 de la iniciativa mundial denominada Marcha por la Vida, contraria a la legalización del aborto, y que coincidió con la celebración del Domingo de Ramos y el Día del Niño por Nacer. El evento fue organizado por Unidad Provida, una coordinadora de varias ONGs entre las que se encuentran ACIERA (que agrupa a la iglesias protestantes), la Iglesia católica y dependencias de la Universidad Católica Argentina.
La principal convocatoria fue en Buenos Aires desde Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho de la UBA, que según la Policía contó con 10 000 asistentes y según la organización, con 50 000, contó con réplicas en unas 150 localidades del interior del país. Desde la organización Unidad Provida enfatizaron: «Necesitamos propuestas superadoras e integrales para la mujer vulnerable y el niño por nacer». También adhirieron a la movilización el Partido Demócrata Cristiano, la activista antiaborto Mariana Rodríguez Varela y hasta el dirigente Alejandro Biondini, vinculado a distintas agrupaciones nacionalistas y neonazis, cuyo partido, Bandera Vecinal, fue convocante a la movilización.
Solicitan que desde el estado se promuevan leyes en defensa de la vida, el bien común, faciliten procesos de adopción y se enseñe al cuerpo humano a las personas. En la actualidad, una mujer que interrumpe un embarazo es considerado un delito descrito en el Título I, Capítulo I «Delitos contra la vida» del Código Penal Argentino. Asimismo, dicho código establece como aborto no punible el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer (aborto terapéutico); o el que interrumpiere un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
En marzo de 2012 la Suprema Corte de Justicia argentina precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer; y además indicó que no es necesario recurrir a la justicia para su realización.
Situación de los protocolos provinciales para la atención de los abortos no punibles
Dado que el citado fallo de la corte establecía que cada provincia debía elaborar un protocolo para la atención de los abortos en las situaciones no punibles por el código penal, algunas provincias elaboraron dicho protocolo en lineamiento con el fallo, mientras que otras provincias elaboraron protocolos más restrictivos y otras provincias (a marzo de 2015) no han elaborado protocolo alguno. Un informe de la ONG «Asociación por los derechos civiles«, relevaba lo siguiente:
- 8 provincias poseen protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo dispuesto por el fallo de la corte: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Entre Ríos (esta última, desde noviembre de 2017).
- 8 provincias poseen protocolos con requisitos más restrictivos que lo dispuesto por el fallo de la corte: Ciudad de Buenos Aires (cuyos requisitos arbitrarios se encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente suspendido parcialmente por orden judicial), La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.
- 9 jurisdicciones aún no cuentan con protocolos: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y el Estado Nacional (para los hospitales y centros de salud que dependen del gobierno nacional).
Cabe destacar que, en el caso de Córdoba, la aplicación del protocolo está frenada por la justicia provincial.
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