MISIONES. El paquete económico del Gobierno Nacional se aprobó el miércoles en el Senado con el apoyo de los senadores misioneros Maurice Closs y Maggie Solari del Frente Renovador y Humberto Schiavoni de Cambiemos. Se trata del presupuesto de 2018, la prórroga del impuesto al Cheque y la reforma tributaria.
El Presupuesto 2018 contempla gastos por más de 2,5 billones de pesos, un crecimiento anual del 3,5% del PBI, un aumento del 12% para la inversión, una inflación anual promedio del 15,7% y un dólar de $19,3, entre otros puntos.
En tanto, la prórroga del impuesto al cheque se extenderá hasta 2022 o hasta que se vote una nueva Ley de Coparticipación. Por su parte, la reforma tributaria, que salió a los ponchazos y «fileteada» desde Diputados tras un ramillete de modificaciones otorgadas a un sector de la oposición -en pleno recinto-, plantea un exacerbante gradualismo de cinco años para bajar impuestos distorsivos.
Los principales puntos del combo económico:
Presupuesto 2018
-Economía de ficción: pronostica un crecimiento de 3,5 % para 2018, una inflación moderada de 15,7 % y un dólar a $ 19,30.
Las metas de inflación para 2017 fueron del 12 % al 17 %, pero no se cumplieron. La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año ya superó la meta oficial al alcanzar el 21 %. Se espera que a fin de año alcance el 24,5 % presionado por los nuevos tarifazos a la luz y el gas.
La meta de 15,7 % de inflación para 2018 no lo avala ni el Relevamiento de Expectativas de Mercado que hace el propio Banco Central. Las consultoras económicas estiman una inflación del 18 % al 20 % para el año próximo.
-Partidas flacas: si se considera real una inflación del 15,7 % (como está presupuestado) caen en términos reales los gastos de la Administración Gubernamental (-12,8 %), en Ciencia y Técnica (-2,1 %), en Trabajo (-3,1 %), en Vivienda (-3,8 %) y sobre todo en Servicios Económicos (-20,6 %), especialmente en energía y transporte. Esto implica reducción de subsidios a las empresas y la compensación de estos fondos con nuevos tarifazos como ya adelantaron para 2018.
Si, por el contrario, las partidas se comparan con una inflación de “expectativas de mercado” que releva el Banco Central de 17,5 % se reducen aún más las partidas con excepción de Seguridad Social, Educación y Promoción y Asistencia Social.
La partida de Seguridad Social se calculó previo a la reforma previsional, ahora puede significar un recorte en términos reales, incluso con la inflación baja estimada en el Presupuesto.
-Deuda: a diferencia de lo que sucede con el resto de las partidas que decaen, los intereses de deuda pública (sin considerar la intraestatal con otros organismos del Sector Público No Financiero) crecen. Se observa que aumenta en términos reales al 6,8 % (con inflación del 20 %) y en caso de tomar la inflación del presupuesto la suba es del 10,8 %.
El déficit financiero el año próximo llegará a $ 679.000 millones. Pero el 60 % será explicado por los intereses de la deuda pública que en 2018 se llevarán $ 406.000 millones. Un monto que permitiría pagar 1,8 millones de haberes jubilatorios mínimos de $ 17.523, que es lo que vale la canasta de jubilados y no las migajas que cobran en la actualidad.
Los servicios de deuda van a representar una erogación anual equivalente a 11,45 veces el gasto en Ciencia y Técnica, 3,8 veces el gasto en Salud, y se podría destinar uno de cada tres pesos al presupuesto total en jubilaciones y pensiones, asignaciones por hijo, AUH, PAMI, etc.
Reforma tributaria
• La reforma implica una transferencia de aproximadamente $ 150.000 millones hacia el año 2022 a las patronales.
• Reducción de aportes y contribuciones de la Seguridad Social: se establece un mínimo no imponible (MNI) para las contribuciones patronales a la seguridad social que aumentará progresivamente desde los $ 2.400 en 2018 hasta llegar a los $ 12.000 en 2022, más la actualización que surja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Por los salarios brutos mayores a $ 12.000, las empresas sólo abonarán las contribuciones por el monto que superen el MNI.
Si se considera el MNI, la alícuota de contribuciones patronales que finalmente pagarán las empresas caerá del 17,8 % actual hasta algo más del 10 % hacia 2022.
También se eliminan las reducciones por zona geográfica y el tope máximo a los aportes personales a la seguridad social, hoy en $ 82.000.
El Gobierno justifica que este beneficio generará mayor empleo y reducirá el trabajo no registrado. Sin embargo, durante los 90 Cavallo aplicó la misma medida y el empleo no registrado (en «negro») pasó de 31,3 % en 1993 al 38,3 % en 2001 y el desempleo aumentó exponencialmente. Sólo ganaron las empresas con este regalo.
• Baja de impuesto a las ganancias de las empresas: disminución de la tasa de 35 % a 25 % para las utilidades no distribuidas de manera gradual de 2018 a 2021.
Se fija un impuesto extra sobre dividendos o utilidades distribuidas hasta completar el 35 % de carga total.
Cambiemos argumentó que esta reducción alentará las inversiones, pero utilidades no distribuidas no significa utilidades reinvertidas. Los empresarios cuentan con varios artilugios para evadir y fugar sus ganancias.
Macri prometió en su campaña electoral que eliminaría el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Otra promesa más sin cumplir, la reducción del tributo sólo llegó para los empresarios.
-Renta financiera: se aplica un 15 % para activos en dólares o indexados; y 5 % para activos de renta fija en pesos no indexados.
INFOBER 