MISIONES.Luego del hallazgo de más de ocho toneladas en la provincia de Misiones, Argentina, el gobierno provincial anunció que solicitaron apoyo de la DEA.
La Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) capacitará a los funcionarios antidrogas de esa entidad.
En la zona fronteriza las fuerzas antinarcóticos de la provincia sumaron sus esfuerzos para evitar el ingreso de sustancias ilícitas
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección de Toxicomanía y de la Unidad Regional III de la Policía provincial.
El titular del ministerio de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, anunció la creación de una fuerza especial autónoma.
“Será un grupo de élite interfuerzas que se dedicará exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico”, dijo Pérez.
El mismo estará integrado por una treintena de efectivos de la Policía provincial.
Aparte de la formación con la DEA, dispondrán de recursos de primera línea. La capacitación se realizará en la sede central en Virginia, Estados Unidos.
A finales del mes llegarán a Misiones varios agentes de la DEA para iniciar el proceso de selección de los funcionarios locales.
Además Gobierno de la provincia aportará varios vehículos y una sede. Otros recursos procederán del Gobierno Nacional.
“Con esta vuelta de rosca pretendemos ser aún más eficientes en materia de investigación y operativamente“, recalcó Pérez.
Los miembros “tendrán acceso al banco de información de la DEA, algo que hoy por hoy ninguna fuerza del país tiene”.
La Policía provincial arreció desde finales de 2015 la lucha contra el narcotráfico. Misión que antes estaba encomendada a las fuerzas federales.
La marihuana que llega a Argentina procede principalmente de Paraguay y es introducida por la frontera.
El acuerdo se firmó hace dos semanas en Posadas, con la presencia del secretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Verrier.
No es la primera vez que las agencias de seguridad e inteligencia transnacionales evidencian gestos colaborativos en el combate contra el crimen organizado, desde que Mauricio Macri asumió como presidente. La asistencia prestada por la Homeland Security en la supervisión de los ciudadanos sirios que reclaman refugio; el intercambio de información con la DGSI francesa para identificar a presuntos terroristas que operan en la Unión Europea; la relación con la Policía Federal de Brasil para la detección y posterior detención del responsable del golpe a Prosegur; y la capacitación y apoyo logístico a los gendarmes que participan de la Task Force con base operativa en la provincia de Salta, son algunos de los hitos que marcan este cambio de estrategia por parte del Gobierno argentino.
Son varios los que recuerdan el episodio que motivó el retiro formal de la DEA de las oficinas que ocupaba en la embajada norteamericana. Fue en 2011, durante el Gobierno de Cristina de Kirchner, cuando un avión C-17 Globemaster III perteneciente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza, requisado y parte de su carga decomisada por orden del ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman. El incidente, que generó gran malestar en la administración de Barack Obama, estuvo motivado en la sospecha de que la aeronave tenía «armamentos, tecnología en comunicaciones y sustancias prohibidas», lo que el canciller interpretó como una «violación» a las leyes argentinas y un «peligro para la seguridad nacional». Todo terminó de la peor manera.
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