OBERA. Faltando dos días para las elecciones generales, el Concejo Deliberante termina de redactar la reglamentación para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, y será aprobado mañana viernes a las 7.30 de la mañana.
Veintiún candidatos y sus adjuntos recorren todos los barrios y medios de comunicación existentes hablando de la nueva institución que comenzará a funcionar, pero en medio de una total incertidumbre en cuanto a la parte orgánica y las herramientas con las que van a contar para tales funciones.
Y es que, como todo en este país es improvisado, en agosto de este año el intendente Carlos Fernández anunció la creación de la Defensoría del Pueblo (porque la Renovación necesitaba tener caras locales que sumen votos y en Oberá no se eligen concejales como en otras localidades); pasaron dos meses y apenas 48 horas antes del sufragio, el Concejo aprobará la reglamentación.
Desde el Concejo explicaron a INFOBER que la demora se debió al incumplimiento del asesor legal Anibal Castillo que finalmente fue reemplazado por Rito González, quien el último mes agilizó los pedidos de informes y elaboró un proyecto a partir de tres presentados tanto por el oficialismo municipal; el duo titista Abel Aguzezko y Raúl Zabala y el bloque del Pro.
Pero no es el definitivo. Ya anticiparon que sufrirá modificaciones con ordenanzas complementarias porque la que será aprobada mañana fue elaborada «a las apuradas por las elecciones».
Establece que el Defensor del Pueblo contará con un asesor legal y un secretario general, ambos cargos políticos que no podrán ser planta permanente. Un tercer empleado será de ordenanza y quedará dentro del convenio colectivo, por lo que será parte permanente del municipio.
El sueldo del Defensor será equivalente al de un concejal, actualmente en 19 mil pesos mensuales; mientras que el secretario tendrá un salario similar a su par del Concejo Deliberante. El adjunto cobrará solo cuando reemplace al titular.
El presupuesto total de la Defensoría del Pueblo será del 0.5 % del que tiene la Municipalidad, es decir unos 2 millones de pesos anuales calculando que actual ronda estará cercano a los 400 millones para 2018.
Funcionará en un edificio propio, fuera de la municipalidad pero no figura una fecha en la que comenzaría a operar, simplemente han hecho un acuerdo tácito entre el municipio y los concejales para que sea más o menos en marzo de 2018 por «el tema del alquiler del local y su mobiliario», lo que luego podría «patearse» para más adelante, mostrando una vez más la improvisación de la ordenanza.
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