OBERA. El planteo parece inverosímil por ser una cuestión lógica en una democracia republicana donde quien gobierna debe ser controlado y para ello, quienes ejerzan esa función no deben pertenecer al mismo partido político. El artículo 45 de la Constitución Provincial establece que el reparto de bancas en el Poder Legislativo reserva un tercio para la oposición, bajo conceptos republicanos de representación, pero esto en Misiones cae en letra muerta, y en Oberá ocurre lo mismo.
Desde 2011 duerme en la justicia, el recurso presentado por el concejal electo Roberto Silverston, quien debió ocupar una banca en el Concejo Deliberante bajo el amparo de esta ley de reparto de representaciones y contrapeso, pero incluso ya espiró su mandato no reconocido por el poder político gobernante en 2015, banca que fue ocupada por el renovador Jorge Motta.
Durante la redacción de la Carta Orgánica, Artículo 178 y los siguientes, para la elección del Defensor del Pueblo, los cinco Convencionales Constituyentes (tres Renovadores en ese momento, uno del FPV, ahora renovador) dejaron la posibilidad abierta de que no solo el Concejo Deliberante pueda tener 8 oficialistas de 9 representantes, si no también el puesto de Defensor del Pueblo y su suplente.
Para que las instituciones funcionen, este cargo debería corresponderle a la primera minoría en una elección general ejecutiva, tomando en cuenta los conceptos de república en peso y contrapeso, pero de manera conveniente para el oficialismo de turno, los cinco convencionales no lo pensaron así.
La semana pasada, la Juventud Radical presentó un proyecto para intentar remediar esta cuestión básica en la normativa, ya que la reglamentación de la elección para el Defensor del Pueblo que se realizará en octubre y su funcionamiento, es potestad del Concejo Deliberante mediante una ordenanza.
En el documento se argumenta que para «poder gozar de independencia, el Defensor del Pueblo debe ser opositor o no estar afiliado a un partido», de lo contrario verá coartada su libertad para enunciar resolución de manera ecuánime.
Dado que, el Concejo Deliberante está integrado por mayoría casi total oficialista que ya postula un candidato, difícilmente el proyecto prospere.
Esta semana se conoció uno de los postulados. Se trata de Miguel Angel Morales, un gendarme jubilado, conocido por sus reclamos en cuanto a los incumplimientos en la aplicación del boleto para jubilados gratuito en el transporte público urbano, que rige en la Carta Orgánica; y unidades aptas para personas con discapacidad.
Años atrás denunció en la justicia la gestión de Ewaldo Rindfleisch por las obras mal construidas de empedrados y cordones de calle Finlandia y por el exceso en el cobro de tasas municipales.
Actual presidente de la Comisión Vecinal del barrio Sisten Vik, también denunció que funcionarios de la gestión de Carlos Fernández intentó una suerte de golpe institucional para sacarlo de ese cargo.
Pero pese a que, todas sus denuncias y reclamos fueron por el atropello del partido que maneja lo público, incluso con uso de la banca Pública y varias veces partícipe en las Audiencias Públicas, aceptó ser un integrante más del mismo espacio de Carlos Rovira, desde donde dice que va a “defender al pueblo de los atropellos», una manifiesta contradicción.
El ofrecimiento para ser candidato titular a Defensor del Pueblo que aceptó corresponde a la agrupación Andresito del Frente Renovador, liderado por Víctor Delgado. Lucas Herrera será suplente.
En los pasillos renovadores, también se deja esbozar el nombre del periodista Antonio Lindström para este puesto.
Por otro lado, el Partido Agrario y Social (Pays) del diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro ya tiene un candidato. Ramon Enriquez, abogado y defensor de los productores, integrante del MAM y letrado que tuvo el caso Marilyn Bárbaro en sus manos, sería el candidato en octubre.
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