OBERA. Ante la fuerte controversia sobre las pensiones por invalidez que habrían sido dadas de bajas, el concejal del PRO, Horacio Loreiro reprodujo un comunicado de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, insistiendo en que es «absolutamente falso» que el gobierno está pensando en eliminar las pensiones o reducir la atención a las personas con discapacidad y sus familias.
Además aclara que si alguna familia siente que ha sido excluida erróneamente del beneficio, tiene derecho a ser escuchada y que existe una línea gratuita específica para eso (0800-222-3294).
También asegura que las pensiones por invalidez «serán uno de los componentes del Plan Nacional de Discapacidad anunciado recientemente por el presidente, el primer plan integral de discapacidad de la historia del país, en el cual se reformarán y ordenarán los programas existentes y se trabajará para ofrecer un acercamiento integral a la cuestión».
«Es absolutamente falso, entonces, y queremos aprovechar para llevar tranquilidad a las familias, que estemos eliminando las pensiones por invalidez en Argentina, que hoy son más de un millón. Seguimos trabajando con el mismo sistema y los mismos criterios que había cuando llegamos al gobierno, se siguen sumando personas todos los meses que van y pueden presentarse en las oficinas de pensiones.
Todos los meses también hay bajas administrativas, porque hay beneficiarios que se jubilan (y pasan a recibir un beneficio mayor) o consiguen un empleo en blanco o, también, lamentablemente, porque fallecen, entre otros criterios que se vienen trabajando desde hace muchísimos años. De hecho, en 2015 nosotros no gobernábamos y se dieron de baja 168.000 pensiones, muchas más de las que se dieron de baja el año pasado. En 2016 se dieron de baja alrededor de 90.000.
Otro concepto importante es que la pensión por invalidez fue pensada con dos requisitos: 1) que exista una discapacidad tal que le impida al beneficiario tener un empleo, 2) que exista una situación de vulnerabilidad social. Los dos criterios deben estar presente para otorgar el beneficio, al menos en teoría.
El objetivo del Gobierno, como venimos trabajando desde el inicio de la gestión en muchas áreas, es terminar con la ayuda social de manera clientelar. Queremos que la plata de la ayuda social vaya a quienes la necesitan y a quienes la tienen que tener. En este caso, justamente, encontramos que durante muchos años se había hecho un uso político de las pensiones por invalidez, que habían generado clientelismo.
Así como hay casos que vemos en estos días que nos duelen, también nos indigna que haya gente que cobre un beneficio sin merecerlo y que el Estado haya sido incapaz en todos estos años de ordenar un tema tan sensible.
“Están queriendo hacer una utilización política y de generar pánico en la gente. Nosotros en un año y medio hemos demostrado que, no solo no dimos de baja ningún plan, sino que hemos dado más planes y hemos trabajado sobre todas las ayudas y acompañamiento que han requerido las familias más vulnerables. El de este Gobierno este año es el gasto social más grande en porcentaje del PBI de toda la historia del país”.
Por último, recordar que el Plan Nacional de Discapacidad, que estará bajo la órbita de la vicepresidenta Gabriela Michetti, tendrá una mirada integral sobre la relación del Estado y la sociedad con la realidad de las personas discapacidad, que incluirá reformas y planes ambiciosos, entre ellos la pensión por invalidez».
Entre 2003 y 2015 la cantidad de pensionados se multiplicó por cinco, de 300.000 a casi un millón y medio.
En Misiones, el 6,4% de la población percibe una pensión por invalidez, 71.048 personas sobre una población de 1.101.000 habitantes, representa el 22% de la población económicamente activa.
Ahora, Stanley dijo que «se van revisar los errores» que pudiera haber en la norma.
El Gobierno canceló pensiones a personas con discapacidad apelando a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.
Esa norma dice que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que ésta autorice.
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