La empresa niega que la justicia haya ordenado la reincorporación: «no sabemos para que vinieron»

OBERA. Alejandro Díaz, abogado de la empresa Capital del Monte se refirió a la situación de los empleados despedidos en 2014 y negó que la justicia haya ordenado la reincorporación de los mismos, pese al dictamen del 17 de octubre firmado por el Juez surogante Dr. Ricardo Alfredo Cassoni donde ordena lo contrario bajo pena de multas.

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En declaraciones a la emisora local La Radio, Díaz calificó de falaz que la justicia haya ordenado la reincorporación al plantel de choferes de la empresa a Alejandro Sand, Cesar Ramón Ojeda, Wilson Gusmán Olofsson José Ángel Pedrozo, y Cristian Fernando Vallejos; todos agremiados en UCRA; y agregó que si el poder judicial dictamina esto, la empresa va a acatar la orden…»no hay nada firme» expresó.

Respecto a la agresión sufrida por estos choferes en las puertas de la empresa por parte de sus pares de UTA el lunes tras reunirse con la Juez Laboral, el abogado dijo «no tenían nada que hacer en la empresa estas personas, no sabemos para que vinieron» pero agregó que a pedido de la fiscalía están indagando para saber quienes fueron y aplicar sanciones correspondientes… «hay mucho personal de vacaciones y los choferes están en la calle, habían algunos en la empresa pero no sabemos quienes eran» dijo.

Además subestimó al sindicato UCRA diciendo «no tienen personería gremial», no tienen delegaciones en Misiones, y por ello  entendió había un delegado de Mar del Plata presente pero consideró que «nada tenía que hacer acá». Diaz se refirió al gremio como «un grupo de diez personas que se juntaron, firmaron un actita conformaron un sindicato» y recordó «que al momento del despido, en julio de 2014, el gremio no existía», lo conformaron después.

También se refirió a los delegados de CTA Misiones que acompañaron a los choferes como que «no tienen nada que ver con el rubro».

Sin embargo, aunque Díaz insistió en que la justicia no dictaminó la reincorporación y calificó de «desopilante» la situación, el Juzgado en lo Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial, falló el 17 de octubre a favor de los empleados despedidos por la empresa de servicio urbano de pasajeros Capital del Monte, ordenando que sean reincorporados por la misma en un plazo de (5) días al plantel laboral bajo pena de multas de 5 mil pesos diarios en caso no de cumplir. El dictamen tienen fecha del 18 y fue firmado por el Juez surogante Dr. Ricardo Alfredo Cassoni.

En noviembre de 2014, la justicia le dio la razón a los cinco choferes de la empresa Capital del Monte y ordenó que de manera inmediata sean reinstalados, pero pasaron dos años, la causa que lleva adelante la abogada Roxana Rivas se quedó sin juez tras una recusación y apelación presentadas por la empresa.

En septiembre pasado, tras una reunión del Secretario General de CTA Jorge Gabriel Duarte con el Dr Roberto Ruben Uset, Ministro subrrogante de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, se remitió el expediente para hacer cumplir la medida cautelar donde se ordenaba la restitucion de los puesto hasta que se resuelva el tema de fondo.

Recusación y apelación de por medio, la empresa Capital del Monte de Oberá logró demorar el cumplimiento de la orden de la jueza laboral, María de las Mercedes Barrientos. Los trabajadores debieron ser reincorporados en noviembre del 2014 tras una resolución que haciendo lugar a un pedido expreso de los trabajadores ordenaba “reinstalar en sus puestos de trabajo y en las mismas condiciones laborales en las que se encontraban con anterioridad a la notificación de sus despidos a Alejandro Sand, Cesar Ramón Ojeda, Wilson Gusmán Olofsson José Ángel Pedrozo, y Cristian Fernando Vallejos”, medida que debió cumplirse en un plazo no mayor a las 24 horas de notificada la empresa “bajo apercibimiento de disponer sanciones conminatorias”.

La jueza también ordenó el cese de “todo comportamiento antisindical que viole o menoscabe los derechos fundamentales de libertad y asociación gremial de los trabajadores demandantes”.

El martes, frente a la Municipalidad de Oberá mientras los choferes de UCRA y dirigentes de la Central se entrevistaban con el vice presidente del Concejo Deliberante, Luis María Vitel y la concejal Paula Reinoso; el auto del sindicato CTA fue atentado. Dos cubiertas fueron cortadas con un cuchillo o una navaja.

El lunes, la jueza Laboral María José Bustos anticipó que este miércoles vence uno de los plazos marcados por la justicia y el jueves estará ordenando que un Oficial de Justicia haga cumplir la medida dictada ya en noviembre.

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