BUENOS AIRES. El ex gobernador y actual diputado nacional Maurice Closs presentó un proyecto de ley para que el estado nacional le cobre en 240 cuotas las deudas a EMSA y las cooperativas con un interés del 1 %.
Se trata de empresas estatales, con participación estatal y cooperativas que no hayan sido incluidas en el Presupuesto Nacional 2017. Plantea una refinanciacion de 240 cuotas con un interés que no podrá superar el uno por ciento La ley presentada por Closs busca la posibilidad de solicitar la eximición del pago de las deudas que mantengan por tributos nacionales, incluidos intereses, multas, planes de facilidades o moratorias vigentes por saldos vencidos y a vencer.
La iniciativa busca beneficiar a la endeuda empresa estatal de energía misionera administrada por el renovador Sergio Ferreyra que viene cerrando un déficit de 500 millones por año, surge luego de haber objetado el tratamiento especial dado por el Gobierno de la Nación a las grandes deudoras del mercado mayorista de electricidad, entre ellas de Corrientes y Chaco, cosa que fue desmentido posteriormente por el gobierno nacional .
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el Gobierno no piensa condonar las deudas de las distribuidoras eléctricas, sino que sólo incluyó «un artículo a la Ley de Presupuesto» que permite «cruzar datos» de deudas mutuas con las compañías.
«En realidad no hubo condonación de deuda, sino la incorporación de un artículo que faculta al Ministerio de Energía a hacer un trabajo que determine lo que le debe el Estado a las eléctricas y cruzarlo con lo que ellas nos deben«, aclaró a radio La Red.
Luego de agregar que «los equipos legales examinarán si existe” una deuda estimada por $ 20.000 millones, volvió a subrayar que «no es la intención» perdonar obligaciones sino “cruzar deudas mutuamente, como se hace entre Nación y provincias».
Casi todas las distribuidoras de luz le deben plata a Cammesa, la mayorista eléctrica, por la energía que vienen comprando desde 2012, algo que les dejó al 31 de enero una deuda acumulada con intereses por $ 20.000 millones.
La polémica se generó porque el artículo 15 de la Ley de Presupuesto estableció que «el Estado podrá contemplar las obligaciones que mantengan con el mercado eléctrico mayorista las distribuidoras a quienes no se les hubiesen reconocido ingresos, beneficios o inversiones efectivamente».
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