BUENOS AIRES. La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto del Poder Ejecutivo que declara la obligatoriedad de la educación inicial para los chicos de tres años, luego de que el oficialismo aceptara incorporar una aclaración sobre el financiamiento de los gastos corrientes y su implementación.
La propuesta fue aprobada en una sesión especial con 206 votos positivos, 5 negativos y 3 abstenciones.
De esta manera, el oficialismo cumplió con otro de los pedidos del presidente Mauricio Macri, que fue celebrado por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que concurrió al Congreso para presenciar la definición del debate.
El radical José Luis Riccardo, presidente de la comisión de Educación, defendió la propuesta al sostener que “la extensión de la obligatoriedad tiende a reparar una de las injusticias sociales donde aparece la mayor desigualdad de acceso a la educación”.
El legislador por San Luis explicó que en la ciudad de Buenos Aires, 90 por ciento de los chicos está dentro del nivel inicial mientras que “en el interior profundo, la tasa es mucho más baja”.
De acuerdo a lo precisado por Riccardo, se estima oficialmente que hay más de 400 mil chicos que están fuera del nivel inicial, y por eso, el Gobierno se comprometió a construir más de 3.000 jardines de infantes, de los cuales 221 ya fueron licitados, que incluirán más de 11.000 aulas con una inversión de 32.000 millones de pesos.
Según indicó, ya hay un acuerdo celebrado entre la Nación y las provincias que incluye “convenios de cooperación a los efectos de crear las comisiones de infraestructura en un plan plurianual para cubrir la demanda de más de 400 mil chicos”.
La diputada kirchnerista Luana Volnovich transmitió: “disentimos con este proyecto”. Advirtió que “no se necesitan más fondos para llevar adelante este proyecto de sala de tres” y consideró que “la promesa de los 3.000 jardines va a ser una mentira más”.
La jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, sostuvo que el proyecto genera dudas sobre si es obligatorio para las familias o para el Estado“ garantizar la educación para 3 años y planteó sus diferencias con este punto.
“La ley establece que, en términos prácticos, la obligatoriedad es del Estado y de los ciudadanos de incorporar en forma complementaria a la educación de la familia a ese derecho a educarse”, respondió, por su parte, Riccardo a la legisladora.
El peronista disidente Luis Lusquiños (Compromiso Federal) también planteó sus diferencias con la propuesta y apuntó que la reforma exige la designación de 27.982 docentes, de los cuales “más de 10 mil son de la provincia de Buenos Aires”.
“¿Cómo va a hacer la provincia que no puede pagar los sueldos para pagar estos 10 mil nuevos sueldos?”, se preguntó el legislador puntano, para agregar que la iniciativa también demanda el nombramiento de 6.208 directores, de los cuales unos 300 son para la provincia.
Más allá de las críticas, en el debate en particular, el oficialismo aceptó una modificación para establecer que el financiamiento del gasto corriente surgirá de los convenios que el gobierno firme con las provincias.
INFOBER 