OBERA. A un año de haber radicado dos denuncias penales contra el exalcalde de Oberá Ewaldo Rindfleisch, Ramón Escobar se manifestó contrariado por el perezoso avance de las mismas. En declaraciones a Misionescuatro dijo que “En Oberá tenemos a Tortugo Alarcón”, en un símil con el mote que el periodismo nacional le impuso al juez Sebastián Casanello (el que investiga la causa conocida como “la ruta del dinero K”).
Alarcón es Horacio Alarcón, el juez de Instrucción 2 de Oberá que tiene en sus manos las causas por “malversación de fondos públicos” (denuncia de Escobar) y por presunto “enriquecimiento ilícito” (denuncia de Escobar, Raúl Silvero, Mario Bárbaro y Walter Bravo) que apuntan contra Rindfleisch y algunos de sus familiares y dirigentes más cercanos. Escobar se entrevistó la semana pasada con la fiscal que (debería) impulsar las causas, Myriam Silke.
“En un año sólo se llamó a declarar a a Martín Ibarra, propietario de la empresa FEMAR, una de las adjudicatarias de esas obras que no se hicieron. Que, por supuesto, dijo que hicieron lo que a la vista de todos es obvio que no hicieron”, remarcó el denunciante.
Según Escobar, Oberá recibió más de 20 millones de pesos en el marco del programa nacional “Más Cerca: Más Municipios, Mejor País, Más Patria” que manejaba el exministro kirchnerista Julio de Vido a través del hombre constante en la obra pública entre 2003 y 2015, José López (el mismo que fue filmado tirando bolsos con dinero en un convento a las tres de la mañana y está preso en Ezeiza). Escobar manifiesta que en una partida de más de 5,3 millones de pesos, se han comprobado serias irregularidades por obras no realizadas o concretadas en forma irregular. La denuncia que involucra al actual Director provincial de Arquitectura fue desestimada por el Concejo Deliberante obereño (solo ameritó objeciones del concejal del PRO Horacio Loreiro pero nada de los otros ocho ediles).
La cantidad y calidad de los documentos que ponen en evidencia que a Oberá llegó dinero del estado nacional para hacer obras que pasaron por las firmas del exgobernador Closs, de Santiago Ros del IPRODHA, del municipio de Oberá y por empresarios que ganaron las licitaciones, obras que quedaron incompletas o ni siquiera se empezaron a hacer, contrasta con la lentitud de la justicia misionera para aclarar lo que urge aclarar.
“La fiscal Silke me dijo que le pedirá a Alarcón que cite a Rindfleisch pero eso ya va a quedar para el año que viene”, reflexionó Escobar con mucho de realismo.
La cultura de la impunidad es algo que cuesta mucho desarraigar, sobre todo cuándo no hay voluntad de hacerlo. ¿Permitirá la renovación que uno de los dirigentes que más le rindió políticamente responda en la Justicia las preguntas que hace mucho tiempo debió contestar?
Walter Anestiades para www.misionescuatro.com
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