OBERA. El martes, integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, entre ellos Fernando Genesini, vicepresidente de la comisión, acompañado por los miembros Amalia Báez y Luis González, según publicó El Territorio, se entrevistaron con el titular del Juzgado de Instrucción Dos, Horacio Alarcón, y la fiscal Myriam Silke, por un video difundido en las redes donde se observa a tres policías de la Seccional Primera golpeando a un joven que ya estaba reducido y esposado. Solicitaron al poder judicial local premura en la investigación del hecho.
Más tarde, la comitiva fue recibida por los jefes de la Seccional Primera, quienes confirmaron que las autoridades de la Unidad Regional II iniciaron un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades de los uniformados que aparecen en la filmación.
También tuvieron oportunidad de charlar con la supuesta víctima, un muchacho de 19 años acusado del hurto de una motocicleta. En la oportunidad, pudieron observar las celdas de la dependencia, instalaciones que calificaron como “inhumanas y degradantes”.
Sobre las primeras conclusiones, Genesini subrayó que “nos llama mucho la atención que habiendo actuado de esa manera, los implicados sigan trabajando como policías, cuando por lo menos deberían ser separados del cargo mientras se instruye el sumario interno”.
En diálogo con el diario El Territorio, que dio a conocer el caso durante el fin de semana, el funcionario explicó que, si bien hasta ahora no se inició una causa penal por apremios, el avance en tal sentido dependerá del compromiso de las autoridades judiciales intervinientes.
Además, subrayó que “sería bueno que la persona que firmó el video se acerque a la fiscalía y colabore para desentrañar este tipo de situaciones que no condicen con un estado democrático ni las leyes”.
“Por ello, consideramos que es urgente que se investigue a fondo el caso. Si se corrobora el delito, las personas que aparecen en el video estarían sindicadas como autores de torturas y maltratos, lo que conlleva una pena de ocho a 25 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar un cargo en la Policía”, agregó.
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura tiene injerencia para investigar abusos que se cometan en el marco del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y la Policía de Misiones.
En tal sentido, Genesini remarcó que, si desde ambas instituciones “toman en serio esta situación, podemos obtener logros fundamentales. Pero mientras estén a la defensiva o no quieran entender, será ardua la tarea y constante la lucha para que modifiquen las prácticas reñidas con la ley”.
En ese marco, consideró importante que “el gobierno de la provincia entienda que hay que empezar a reestructurar todo el sistema, porque no se puede trabajar así”.
Por su parte, la licenciada Báez lamentó el estado en que se hallan los detenidos y las condiciones de los calabozos. “De ninguna manera son las condiciones normales y están hacinados. Pero el cambio debe partir de una política de Estado, por eso vamos a elevar informes y hacer el seguimiento”, enumeró a El Territorio.
Foto: Daniel Villamea
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