BUENOS AIRES. En los considerandos de la resolución publicada en la edición del viernes del Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación justificó su decisión de derogar el plan en el hecho de que el programa «no fue dirigido a las poblaciones vulnerables», como establecían sus objetivos, y que fue implementado «en provincias con un bajo índice de infecciones bucales y alta cobertura de la salud».
En tanto, en el ámbito judicial, una denuncia presentada por la legisladora porteña Graciela Ocaña quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, quien la derivó al fiscal Jorge Di Lello para que determine si debe o no impulsarse una investigación.

Allí, Ocaña denunció presuntos desvíos de fondos en el programa para gastos particulares durante dos años, como la compra de carteras, gastos en restaurantes y pago de cocheras, entre otras irregularidades.
Además, aludió a irregularidades en licitaciones, tercerizaciones y a «favoritismos» a la hora de contratar prestatarios, como en el caso de la empresa «Callmed», que se adjudicó el arreglo de 30 consultorios móviles, cuando se trataba de una compañía que ya había sido denunciada.
Según información publicada en los últimos días por distintos matutinos porteños, la denuncia presentada por Ocaña se sustenta en la detección de un desvío de fondos que rondaría los 4 millones de pesos, que habrían sido destinados a comprar carteras, corbatas, y a pagar servicios de spa, restaurantes y cocheras, entre otros ejemplos.
