POSADAS. La Cámara de Representantes de Misiones decidió extender el plazo durante el cual no se pueden ejecutar sentencias de desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda, pudiendo incluir la producción agropecuaria, siempre que ambos fines sean de carácter único y familiar. La medida será aplicable en los casos en que se verifique una ocupación durante un período mínimo de ocho años.
Dado que el plazo que se hallaba vigente venció recientemente, la Legislatura provincial aprobó la ley que extiende la fecha de suspensión de ejecuciones, propuesta por los legisladores Carlos Rovira -con el apoyo de todos los diputados renovadores- y Héctor Bárbaro, acompañado por Martín Sereno.
Rovira, presidente del Parlamento misionero, argumentó la medida basándose en “la imperiosa necesidad de extender los plazos, a los efectos de brindar más tiempo a los organismos provinciales encargados de dar una solución definitiva ante estas situaciones, la cual encuentra como beneficiaros a las familias amparadas por esta excepción procesal que impide el desahucio de los habitantes del inmueble”.
Recordó que “la situación habitacional de los misioneros, en ocasiones, se ha visto amenazada por inminentes ejecuciones a deudores sobre la vivienda única y familiar, por ello este Parlamento dictó leyes de prórroga a la suspensión de ejecuciones que tienen por objeto atender la dolorosa situación en que se encuentran muchas personas en la provincia que ven, como peligro cierto, la ejecución de su vivienda única y familiar”.
Dijo que la ley “tiene por objeto asegurar la protección de un derecho humano fundamental como lo es la vivienda digna” y consideró que “la trascendencia de la medida que se propicia está dada por continuar garantizando, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda tanto urbana como rural”.
Aunque reconoció que “se trata de una solución parcial”, se comprometió a “continuar trabajando para encontrar la solución de fondo a la problemática, dado que de lo contrario muchos misioneros pueden correr peligro de ser desalojados debido a procesos judiciales y problemas económicos”.
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