POSADAS. Desde la CTA Autónoma advierten que el gobierno provincial busca «acomodar» a los suyos en la Comisión contra la tortura. La Central de Trabajadores Argentinos, filial Misiones impugnó ayer las postulaciones de la actual subsecretaria de DD HH Amelia Báez, y de Igualdad de Oportunidades Norma Sawics. Advierten que las postulaciones de funcionarias a través de ONGs. atentan contra la representación genuina que deben tener las organizaciones dentro del mecanismo. Denunciaron además que esta situación quebranta la autonomía e independencia que debe garantizar la comisión.
El lunes último, la comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de diputados escuchó a los postulantes para integrar el Comité provincial contra la tortura, organismo creado por ley y cuya integración debiera garantizar 3 lugares para las Organizaciones no gubernamentales, 2 legisladores provinciales, y un funcionario del ejecutivo provincial.
La Central presentó ayer formalmente las impugnaciones a las postulaciones de Amelia Báez y Norma Sawics, actual subsecretaria de Derechos Humanos y de Igualdad de oportunidades respectivamente. Ambas cumplen funciones en un área de gobierno que debieron haber garantizado desde siempre que se respeten los derechos humanos en los contextos de encierro, o por lo menos denunciado los casos que en la misma audiencia mencionaron.
“Entendemos que ambas funcionarias bien podrían ser nominadas para ocupar el lugar que la ley le asigna al Poder Ejecutivo dentro del comité, resguardando de esta manera la representación que se le asigna expresamente a las organizaciones de Derechos Humanos y no gubernamentales”, y advirtieron que “el Gobierno provincial pretende llenar de funcionarios la Comisión contra la tortura”•
En la audiencia del lunes hubo varias observaciones a las candidaturas de Báez y Sawics en este mismo sentido, algunos de los presentes interrogaron sobre la autonomía que podrían tener a la hora de controlar al Estado de cuyo gobierno son parte desde hace varios años. Además se hizo cuestionamientos a las intervenciones del ministerio en casos emblemáticos de violencia institucional, torturas y hasta asesinatos en cárceles y comisarías.
“Los casos de violencia institucional que tomaron trascendencia en la provincia, como los asesinatos de Hugo Wasiluk, Carlos Girula, Ricardo Sosa, Hernán Céspedes, la desaparición de Mario Golemba, las torturas en la comisaría 10 a los trabajadores del mercado central, los múltiples casos de apremios ilegales, detenciones arbitrarias, los “suicidios” en dependencias policías, los casos de abusos denunciados en hogares de niños y niñas, todas situaciones que se registraron y denunciaron ante silencio y la inacción de funcionarios del Estado”, apuntan.
La CTA Autónoma presentó la candidatura de Graciela Franzen, actual secretaria de Derechos Humanos de la organización, reconocida por su trayectoria en el acompañamiento de víctimas de la represión y la violencia institucional, además como sobreviviente de la dictadura cívico militar es una de las más activas impulsoras de los juicios por crímenes de lesa humanidad, es integrante desde hace muchos años de la Integrante de la Red por el Derecho a la Identidad, creado por Abuelas de Plaza de Mayo para la recuperación de nietos apropiados durante la dictadura.
“Creemos que para que los objetivos de esta comisión se cumplan cabalmente es absolutamente necesaria la independencia y la autonomía para el ejercicio de sus funciones, por lo que no consideramos pertinentes que los candidatos presentados por las ONGs sean funcionarios en actividad”, advierten.
En total se presentaron 12 candidatos para cubrir los 3 lugares reservados para las organizaciones no gubernamentales, hasta hoy hay tiempo para las impugnaciones. “Nosotros como Central apelamos al criterio de la Comisión de Asuntos Constitucionales, atento a la importancia que tiene que este comité contra la tortura se integre con organizaciones que estén dispuestos a controlar al Estado, a denunciar las violaciones a los Derechos Humanos que no podemos negar existen aún hoy en las cárceles, comisarias, hogares, y a exigir cesen esos delitos”, destacaron desde la central.
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