POSADAS. Héctor Bárbaro del PAYS, presentó a la Cámara de Representantes, un Proyecto de Ley -que se tratará este jueves en el recinto-, solicitando que se sustituya el artículo 1 de la Ley XII- N° 28 (modificada por la XII- N° 29), para que se suspendan por única y última vez, hasta el 31 de agosto de 2017, las ejecuciones de sentencias de desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y de producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a ocho años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
La vigencia de la suspensión por el plazo señalado, está sujeta a que los beneficiarios acrediten en el expediente judicial antes del 31 de diciembre de 2016, que están empadronados conforme lo prevé el Artículo 6 de la presente Ley.
Además se requiere que se sustituya el Artículo incorporado a la Ley XII- Nº 28, por la 29, que requiere instrumentar una campaña de difusión con el alcance de los contenidos de la presente Ley, a cargo del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional en medios radiales y televisivos en horarios centrales, públicos y privados, desde su entrada en vigencia hasta la fecha límite para el empadronamiento de los beneficiarios.
También se deberá capacitar al personal de las dependencias del Iprodha, para que puedan guiar en el empadronamiento a los beneficiarios de la presente norma; y realizarse la difusión gráfica en los CAPS, dependencias municipales y del Instituto en la provincia.
El Superior Tribunal de Justicia tiene que ordenar a los Tribunales inferiores con competencia en juicios de desalojo, la exhibición de la presente Ley con su texto actualizado en los estrados del Juzgado».
Que se amplíe el plazo de sentencias de desalojos
Entre los fundamentos, Bárbaro, acompañado por el diputado Martín Sereno, señala que con el objetivo de dar un tiempo plausible a las familias que están amparadas por la Ley vigente y cuyos plazos que están próximos a vencerse, «desde el Partido Agrario y Social, volvemos a pedir la ampliación del plazo de sentencias que ordenan desalojos y Remates de Inmuebles Destinados a Vivienda Única y Familiar y a Vivienda y Producción Agropecuaria Única y Familiar».
Destaca que la extensión de los plazos de empadronamiento que se propone a través de la presente Ley, es indispensable para su cabal cumplimiento, ya que «por deficiencias en la información por parte del Iprodha y del Gobierno provincial, los posibles beneficiarios no pudieron acceder a su registración en el padrón referido, cuyo plazo para la inscripción ya venció el 31 de julio de 2015».
El legislador solicita esta medida, con el objetivo de encontrar una solución definitiva al conflicto «de miles de familias a las que no les queda otra alternativa que ocupar tierras motivados por la necesidad, y que no tuvieron respuestas que les posibiliten acceder al derecho a la propiedad y a una vivienda digna».
Advirtió que la diferencia entre ésta prórroga de desalojos y remates, y las anteriores, «es la búsqueda de una solución definitiva como política de Estado del Gobierno provincial, hecho inédito hasta la fecha, y en el cual coincidimos todos los legisladores a la hora de proponer, discutir, mejorar y finalmente aprobar la norma», subrayó.
Campaña de difusión durante 90 días
Desde el PAyS recordaron que en la Legislatura «sancionamos una Ley justa y necesaria, que contempla una problemática grave y de solución posible de parte del Iprodha; pero en su aplicación, el Estado provincial no se ocupó de que se la conozca los posibles beneficiados, lo que atenta contra el espíritu de la norma, y contra el derecho de miles de familias, a integrar los planes oficiales para solucionar la precariedad dominial, del lugar donde viven y crían a sus hijos.
Está claro que no se realizó una campaña masiva de información que permita a todas las personas comprendidas el acceso al beneficio previsto en la Ley, por lo que tampoco serán tenidas en cuenta en la “evaluación y planificación de las soluciones de fondo”.
Por eso -explica Bárbaro- la recomendación del artículo 2, señala puntualmente que debe instrumentarse una campaña de difusión durante 90 días, con el alcance de los contenidos de la presente Ley a cargo del Iprodha en medios radiales y televisivos en horarios centrales, tanto públicos como privados desde su entrada en vigencia hasta la fecha límite para el empadronamiento de los beneficiarios.
Deficiencia en la información
«Las familias nos trasmitieron, con respecto a la Ley que se aprobó por unanimidad en la Legislatura en 2015,, que los errores fueron justamente no tener información de ésta normativa, y por eso, además de buscar soluciones estructurales a ésta problemática, recomendamos una campaña amplia de difusión. Que las familias estén informadas de la norma, permitirá abrir el arco de posibilidades para las soluciones que buscamos a ésta problemática», señaló el diputado del PAyS.
Agregó que ante «la deficiencia del propio Estado en la información sobre los alcances y términos de la Ley, es imperativo ampliar los plazos para la inscripción de beneficiarios en el padrón, así como ordenar al Iprodha que ponga en marcha una efectiva campaña de información.
De otro modo, el diagnóstico y las soluciones que surjan de un padrón incompleto, harán ineficaces tanto al beneficio previsto como a cualquier política de Estado que se ejecute a futuro, en base a esos datos que no reflejarán la realidad de la problemática», indicó el diputado Bárbaro.
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