La UFI allanó farmacias en Posadas por las estafas con recetarios al Pami

POSADAS. Un equipo de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) llegó a la provincia para realizar una serie de relevamiento en el marco de una investigación por una denuncia penal por robo de recetarios. El procedimiento se lleva adelante en varias ciudades del país. «Ya vinieron hace un tiempo atrás por el tema de la tiras reactivas para determinar la diabetes. Esos recetarios andaban dando vueltas», explicó el titular del Pami, Rolando Rubleski, en declaraciones a N6. En Buenos Aires, el titular de la UFI Pami, Pablo Piqué, anticipó a fines de julio que se comenzarán a investigar nuevas denuncias en provincias del Norte.

Con la caída del supuesto “cerebro” de la banda, las autoridades judiciales dan por desbaratada la estafa al PAMI en Santiago del Estero. La misma, que dejo un saldo de 16 detenidos y una operatoria de más de 150 millones de pesos, no sería la única en el norte argentino. Así lo adelantó el fiscal que encabeza la UFI-PAMI, Javier Arzubi Calvo, quien dijo que hay indicios de operaciones similares en otras provincias de esa región del país. Además, se dieron detalles de la estafa santiagueña, y se pidió por una mejor trazabilidad de los tratamientos farmacéuticos, que incluye el uso de la receta electrónica.

Arzubi Calvo fue entrevistado por el portal Infobae, donde dio detalles del futuro de la causa que investiga las estafas en el PAMI. El funcionario judicial anticipó que en los próximos días habrá “denuncias similares en otras provincias del norte argentino”. “Lo que sucedió no se podría haber hecho sin la participación de eslabones del organismo y por eso hay un funcionario del PAMI imputado”, remarcó. Para busca frenar este mercado negro, el fiscal dijo que «con la receta electrónica se podrían evitar muchas de estas estafas porque se controlaría mejor la trazabilidad de los remedios» y remarcó que en las denuncias actuales «no se trata de medicación falsa».

Arzubi Calvo está hace un mes en la UFI-PAMI, donde fue designado por Alejandra Gils Carbó, procuradora general. La unidad fiscal que tiene a su cargo investiga todos los delitos que afecten al patrimonio y los afiliados de la obra social, pero también aclara que «investiga todos los delitos que involucren a los funcionarios del organismo». «Por eso remarco la colaboración de las autoridades del PAMI, ya que tengo acceso a todo lo que requiero y nos están financiando muy bien las actividades que desarrollamos», sentenció.

En la denominada “pista Santiago del Estero”, calificadas fuentes judiciales le informaron al diario La Nación esta semana que “entre julio de 2015 y febrero pasado las farmacias (de esa provincia) le facturaron al PAMI 154 millones de pesos por venta de insulina y tiras reactivas. Pero en la provincia sólo hay 2 mil diabéticos insulinodependientes”. Entre los supuestos afiliados que compraron los medicamentos hay personas fallecidas y jubilados que no padecen de diabetes.

«El caso de Santiago del Estero es elocuente, porque muestra cómo funcionan estas redes, pero tenemos indicios de que esta lógica se da en otros puntos del país. La Justicia está investigando», dijo el titular del PAMI, Carlos Regazzoni. El funcionario nacional agregó: «Estas redes de corrupción son las que están llevando al PAMI al colapso. Vamos a dejar actuar a la Justicia para que determiné quién y cuánto robó».

Por su parte, el fiscal recordó que “Pedro Simón ordena las primeras medidas y en el allanamiento a la casa de la pareja encuentran troqueles falsos y recetas apócrifas además de diversos sellos», según relató al afirmar que «ahí empieza la primera investigación». «La segunda fue fruto de que el PAMI nos informa que había pacientes fallecidos que estaban retirando medicación. Allí constatamos la irregularidad. También llamamos a varios afiliados y nos dijeron que no hacían los consumos», graficó.

«Desde ahí estuvimos en contacto con el juzgado federal de Santiago del Estero. Hubo 16 allanamientos en farmacias y varios domicilios particulares que derivaron en 16 imputados entre farmacéuticos, empleados de farmacias y particulares», contó el fiscal federal en la entrevista mencionada. (mirada profesional)

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