BUENOS AIRES. El gobierno nacional avanza en las gestiones para comprarle 24 aeronaves T6-C Texan II a los Estados Unidos, que serán destinados al control de la frontera y el combate del narcotráfico. La operación de venta ya fue aprobada por el Departamento de Defensa norteamericano, luego de la visita diplomática que el secretario de Estado, John Kerry, hizo la semana pasada al país.
El Beechcraft T-6 Texan II es una aeronave turbohélice de fabricación estadounidense construida por Raytheon Aircraft Company (ahora Hawker Beechcraft). Es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos como entrenador básico y por la Armada de los Estados Unidos para el entrenamiento primario e intermedio para Oficial de Vuelo Naval (NFO) y Navegador/ Oficial de Sistemas de Armas (WSO). Sustituyó en la Fuerza Aérea al T-37B Tweet y en la Marina al T-34C Turbo Mentor. El T-6A también se utiliza como entrenador en las Fuerzas Aéreas canadienses (denominado CT-156 Harvard II), en la Luftwaffe , Fuerza Aérea Griega , Real Fuerza Aérea Marroquí, Fuerza Aérea Israelí, Fuerza Aérea Iraqui y la Fuerza Aérea Mexicana.
La Fuerza Aérea Argentina ya posee este avión que es similar a los producidos localmente Pucará en los años 70 de los que quedan cinco, todos veteranos de Malvinas, y que venían operando desde el Escuadrón 3 de Reconquista cumpliendo funciones de custodia del espacio aéreo fronterizo.
Su condición de turbohélice le permite «cazar» avionetas que son las utilizadas para el narcotráfico por su baja velocidad.
Las autoridades estadounidenses informaron en un comunicado que, de acuerdo a los pedidos de la gestión de Mauricio Macri, la flota será utilizada tanto para el entrenamiento de pilotos como para «misiones de control de frontera, especialmente en la porosa frontera norte», publicó hoy el diario La Nación.
Para adquirir las aeronaves, el gobierno nacional tendrá que afrontar un costo aproximado de 300 millones de dólares, aunque espera conseguir una financiación especial. Las condiciones finales de la venta serán negociadas de manera directa entre el Gobierno y la empresa fabricante del armamento militar, la Beechcraft Defense Company.
La gestión de Barack Obama celebró el acuerdo, ya que servirá «para fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Argentina«. Ambos gobiernos tejieron una alianza estratégica de cooperación, que continúa profundizándose desde que el presidente norteamericano tuvo la cumbre con Macri en Buenos Aires en marzo pasado.
La intención del Poder Ejecutivo es que las aeronaves cumplan una función de adiestramiento avanzado y de ataque con características similares a las del Pucará nacional. Aún no está definido cuál sería el destino final de las unidades. El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, baraja que una parte de la nueva flota sea derivada a la creación de un grupo de interceptación de vuelos ilegales a cargo de pilotos de la Gendarmería. Actualmente, esa fuerza realiza seguimientos de aviones narcos con avionetas de uso civil.
Sin embargo, las negociaciones para la compra de las aeronaves las impulsó el Ministerio de Defensa, de Julio Martínez, el cual estableció como prioridad la incorporación de los aviones para la Fuerza Aérea, hoy diezmada en lo que respecta a escuadrillas de combate.
Según informó el matutino porteño, el Ministerio de Defensa busca también adquirir un interceptor supersónico para reemplazar a los obsoletos Mirage. Por ahora seduce la propuesta italiana del Aermacchi M346, un caza liviano.
Con el rearme militar, el gobierno nacional ratifica su voluntad de darle protagonismo a las FF.AA. en su gestión. Así lo dio a entender Mauricio Macri en varias oportunidades. La semana pasada, el jefe de Estado tuvo en una cena de camaradería con las tres armas, donde afirmó: «En esta nueva que hemos iniciado nos propusimos alcanzar la pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. En estas tres premisas las Fuerzas Armadas jugarán un rol preponderante y participativo«.
La postura de que las FF.AA. colaboren en el combate contra el crimen organizado despierta el rechazo en parte de la oposición, ya que se trataría de una intromisión del estamento militar en asuntos de seguridad interior, una atribución que está prohibida por la ley.
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