Con las consignas de Si a la Vida, Libertad a los Ríos, No a las Represas, la Marcha recorrerá más de 150 kilómetros, con salida desde puerto Panambí a las 9 horas por la ruta 5, pasando por las avenidas de Oberá hasta el Centro Cívico donde se realizará una concentración en horarios de la tarde, luego se partirá hacia L. N. Alem el día martes, hacia Bompland el día miércoles por la ruta 4; el jueves por la ruta 103 hasta Santa Ana; el viernes por la Ruta 12 hasta Garupá, y la llegada a Posadas el día sábado 28.
Solo la movilización puede parar Garabí
La crisis energética, producida por la entrega y el saqueo de nuestros recursos, pretende ser superada por el gobierno profundizando el modelo que nos llevó a esta crisis. Podemos verlo tanto en el reciente acuerdo firmado con el “pulpo” petrolero norteamericano Chevron, como en el desarrollo de los proyectos del I.I.R.S.A. (planes impulsados por los organismos financieros internacionales). Dentro de esto se enmarca la construcción de represas en Corpus, Garabí y en Panambí.
Repetir la receta de entrega de nuestros recursos, o seguir los planes de endeudamiento con el objeto de financiar grandes obras públicas que benefician solo a un puñado de empresarios, demuestra el agotamiento de un régimen que fue sostenido tanto por el Kirchnerismo como por la UCR, el PJ y los que integraron la Alianza.
La construcción de las represas -al contrario del discurso de quienes las impulsan- se opone al desarrollo de la provincia, entendiendo este como la satisfacción de las necesidades de la población.
La financiación va a requerir un endeudamiento con los mismos usureros que nos vienen sangrando desde hace mucho tiempo.
Al creciente problema de acceso a la tierra por parte de una inmensa cantidad de trabajadores, producto de la especulación inmobiliaria y la concentración de tierras en manos de multinacionales y grandes terratenientes, le sumaran la inundación de pueblos, campos y montes y un gran negociado con las nuevas costas.
El precio que pagamos los trabajadores por la energía no se relaciona con la disponibilidad de fuentes de energía que haya en las cercanías: para comprobarlo basta con ver que siendo los mayores perjudicados por Yacyretá pagamos la energía más cara del país. Este gran costo que pagamos es para sostener la deficitaria infraestructura, mientras grandes consumidores industriales (en muchos casos derrochadores) pagan menos de la mitad por kWhs de energía consumida.
Las regalías que puedan quedar en la provincia, van a tener el mismo destino que las de Yacyretá para subsidiar -ya sea directamente o indirectamente a través de la obra pública- a los empresarios responsables de la precarización y las pésimas condiciones de vida que padece gran parte de la población trabajadora en Misiones.
Para poder desarrollar la provincia hay que reorganizar las relaciones sociales para que, la fuerza de trabajo, el mayor de los recursos -que hoy se está desperdiciando y maltratando-, se ponga al servicio de las necesidades de la población, y poner una represa al saqueo y la confiscación de los grupos empresarios que han llevado a la provincia a esta situación. Por ejemplo desarrollando un plan de obras públicas que contemple hospitales, escuelas, viviendas y demás servicios básicos para toda la población y que al mismo tiempo de empleo con un salario que cubra las necesidades de los trabajadores de la provincia.
Para resolver la crisis energética, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera y eléctrica, sin resarcimiento a sus vaciadores y bajo la gestión directa de sus trabajadores. Para aumentar la disponibilidad de energía eléctrica en la provincia se debería comenzar por mejorar la infraestructura de transporte, ya que la disponibilidad de energía proveniente de Yacyretá no puede ser aprovechada, las obras necesarias deberían ser financiadas por los grandes usuarios que hoy tienen un precio casi regalado de la energía.
El problema de la quema de combustibles fosiles (otro de los argumentos que esgrimen los lobbystas del negociado de las obras) para resolverlo se tiene que tomar el ejemplo de Alemania y la energía eólica y solar que ya representa más del 20% de la energía producida por ese país, (más del total de energía producida por Argentina), que se consiguió en apenas 8 años.
Por todo esto y para frenar la construcción de las represas, teniendo en cuenta las experiencias de las luchas de los pueblos de Neuquén o Famatina contra el saqueo de las megaminerías, es necesaria una gran movilización popular.
Desde el Partido Obrero planteamos que la vía para frenar, el endeudamiento, los negociados y la inundación de pueblos enteros es la movilización y el rechazo popular a las represas. Llamamos la atención sobre el pedido de un nuevo el plebiscito fundado en la ley impulsada por Rovira, ya que esta misma ley en su articulo 6 dice que el resultado del plebiscito pierde validez “cuando cambien las condiciones que le dieron origen”, es decir deja abierta la negación del mismo. Así entendemos porque la ley que obliga a un plebiscito fue impulsada por quienes al mismo tiempo respaldan la construcción de represas en la provincia (Rovira) para intentar dar vuelta el resultado del plebiscito contra la represa en Corpus.
Por eso y con estos planteos nos adherimos a la marcha que comienza el 23 de septiembre, diciendo no a Garabi-Panambi y llamamos a movilizar y desarrollar actos y asambleas en las ciudades de toda la provincia.
Partido Obrero
de Misiones
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Gustavo Detke
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El Plebiscito y algunas posibles razones de por qué se resisten a convocarlo
Por Raúl Aramendy
El Consorcio Energético del Río Uruguay (integrado por CONSULAR Consultores Argentinos Asociados S.A., ENGEVIX ENGENHARIA S.A., GRUPO CONSULTOR MESOPOTAMICO S.R.L., I.A.T.A.S.A. Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales, INTERTECHNE CONSULTORES S.A. y LATINOCONSULT S.A es el conjunto de empresas represistas que van a cobrar 45 millones de dólares del erario público por decirnos que CASI NO HABRAN IMPACTOS AMBIENTALES con las represas de Garabi y Panambi, y, de paso, las diseñaran para que, muy probablemente, De Vido, si aún es Ministro, se las conceda.
Nuevamente a sus amigos, como les concedió esta etapa. Claro que en esa supuesta segunda y última etapa los “beneficiados” van a cobrar unos 5.000 millones de dólares. Por lo menos. ¿Quién dijo que no era un buen negocio hacer represas? Para algunos amigos del poder es UN GRAN NEGOCIO.
¿Y de donde sacamos nosotros eso de que el negocio se está repartiendo entre amigos y que son zorros los que van a evaluar si el gallinero es seguro para encerrarnos como a las gallinas? Vamos a ver algunos “datitos”. Ya en el mes de marzo algunos medios periodísticos, como “Tribuna de Periodistas”, denunciaban a CONSULAR (una del consorcio) con un “representante” que se hizo famoso cuando se demostró que quería hacer represas en el sur, en sus propias tierras, y llevarse el vuelto. Un tal Lázaro Báez, ¿se acuerdan?.
¡Miren por donde vienen a parar a Misiones la gente de este Lázaro! Asimismo, se dijo entonces que la historia de Consular era digna de una novela de ficción: “luego de un largo lapso de estar ‘dormida’ – decía el artículo -, en el año 2005 fue comprada a sus accionistas originales por muy poco dinero. Sus oficinas son de gran nivel y están ubicadas en la calle Diagonal Julio A. Roca al 600. Asimismo, la firma posee oficinas en Córdoba y en Río Gallegos y sus socios visibles son dos agrimensores que oportunamente han relevado prácticamente toda la provincia de Santa Cruz”.
Un hombre clave de esta empresa y otras asociadas, como por ejemplo dos más de las seis del Consorcio (o sea la mitad son de unos mismos dueños) es el señor Jorge Luis Pinto, CUIT 20-08339193-7, nacido el 21/11/1948, con domicilio, tanto en Río Gallegos, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pinto comenzó a trabajar a principios de abril de 2006 en la entonces firma Consular Consultores Argentinos Asociados SA, bajo CUIT 30-51928324-3, y justo dos años más tarde, el 1º de abril de 2008, pasó a desarrollar similares tareas en Consular Latinoconsult SA, CUIT 33-71011429-9. Ambas firmas parecen ser la misma, y ambas están (un poquito disfrazadas), en el Consorcio encargado de agredir a nuestro Río Uruguay ya que la segunda se quito el primer nombre con el que figura registrada, quizás para que parezca otra siendo la misma. ¡Piedra libre ¡! Un consorcio de mi con mi da el doble de dividendos. Aunque, por algún motivo —por ahora, desconocido— cambiaron repentinamente su razón social. Ambas están ubicadas en el 6º piso de la calle Julio A. Roca 610 y las dos aseguran prestar “servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.”.
Quizás no sean la misma y solo viven juntas. La coincidencia de nombres en sus directorios es por aquello de que cada uno puede hacer lo que quiere y estar en más de una empresa, que tanto!! Lo revelador es que Pinto, quien aparece como “facilitador” de negocios en ambas firmas, tiene contacto directo con Julio De Vido, el súper ministro de las megaobras públicas. En el mismo sentido, aparte de las referidas Consular Consultores Argentinos Asociados y Consular Latinoconsult, los investigadores deberían cruzar información entre las siguientes firmas: -Kelt SRL, CUIT 30-70974444-1. -Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA), CUIT 30-70982403-8. ¡Epa, acá tengo que hacer un agregadito, esta TAMBIEN esta en el Consorcio.
¡Unidos triunfaremos ¡ parecen decirse a si mismas ¿o es pura casualidad? -Consular Cons. Arg. Asoc. SA-I.A.T.A. – Grimaux-Atec-Incociv UTE, CUIT 30-71008463-3. -Consular Consul Arge Asoc Sa-Latinoc SA-Atec Sa-Consul Oscar UTE , CUIT 30-71058767-8. -Consular Consultores Argentinos Asociados SA, CUIT 30-51928324-3. -Latinoconsult SA , CUIT 30-53747464-1. Consular Latinoconsult, esta ultima del “grupo” nombrado, se constituyó por escritura 137 el 3/04/2007, folio 356, Registro 1396 Capital Federal. Duración: 99 años Objeto : a) Prestación de servicios a entidades públicas o privadas, de Consultoría y Construcción, ambas en todas sus ramas y divisiones, estudios, anteproyectos, proyectos, pliegos de licitación, ingeniería de detalle, asistencia técnica, supervisión, dirección, inspección y ejecución de obras y toda otra actividad que esté vinculada directa o indirectamente con consultoría y construcción. b) Importación y exportación, de bienes para el logro del Objeto. Capital Social: $ 100.000.- (¡Epa, otra notita inevitable: SOLO esa plata tiene? Serán confiables estos muchachos?, inclusive representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1- valor nominal c/una, 1 voto por acción- Directorio: 4 titulares y 2 suplentes, designados por la Asamblea Ordinaria, mandato: 3 ejercicios. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de c/ año.- Sede Social: Av. Julio A. Roca 610 – Piso 6, Cap. Fed..- Directorio Presidente: Jorge Luis Pinto, C.U.I.T. 20-08339193-7, domicilio especial Coronel Díaz 2089 3º Piso Dpto. “C”; Vice Presidente Luis Eleodoro Rocha, C.U.I.T. 20-05623232-0 , domicilio especial Arroyo 863 Piso 7 Depto. “B”; Director Titular: Jorge Osvaldo Donnini, C.U.I.T. 20- 08569476-7. domicilio especial Avda. Julio A. Roca 610 6º Piso; Director Titular Jorge Alfredo Lombardi, C.U.I.T. 20-04372974-9 , domicilio especial Suipacha 1067 3º Piso; Director Suplente Guido Jose Ambrosi, C.U.I.T. 23-11372006-9 domicilio especial Avda. Julio A. Roca 610 6º Piso; y Director Suplente Cristian Mattana Besozzi, 23- 17737520-9 domicilio especial Suipacha 1067 3º Piso, todos de Cap. Fed. La Sociedad prescinde de la Sindicatura. Escribano adscripto del Registro 1396 de Capital Federal. AUTORIZADO por Escritura nº 136, Folio 356 del 03-04-2007, Reg. 1396 Escribano – Daniel E. Pinto Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 04/04/2007. Número: 070404158202/0. Matrícula Profesional Nº: 3325.
Ahora sí que los maree a datos, jajajaja. Pero miren que los datitos hablan eee!! Cuando el 14 de diciembre del año antepasado, el ministro Julio de Vido informó que tres consorcios presentaron sus ofertas para la primera etapa de la construcción de la Megarrepresa Garabí-Panambí, el ambicioso proyecto hidroeléctrico que pretende, y sin consultar con los misioneros, ubicarse en el tramo del río Uruguay compartido entre Argentina y Brasil, dentro de uno de esos tres competidores figuraba la misteriosa Consular SA, integrada por los agrimensores santacruceños.
Cuando el 8 de marzo se completó el proceso de pre adjudicación resultó ser este grupo el elegido ¡Que gente de suerte! No creen? “Nosotros ya sabíamos el resultado de ese concurso”, reveló con resignación un empresario que intentó competir con el Consorcio Energético del Río Uruguay, que además de Consular y Latinoconsult se integró con Engevix Engenharia SA, Grupo Consultor Mesopotámico (ojito, este es de Misiones), IATASA (la tercera pata) e Intertechne Consultores SA (una de las dos brasileñas del equipo). ¿Qué puede justificar tanta desprolijidad? Hay 4.600 millones de razones en dólares que lo explican con total claridad. O sea que lo de los 45 millones es solo un adelanto y no a cuenta. ¡Ahora me quedo más tranquilo! Esta adjudicación puede considerarse la frutilla del postre en la meteórica carrera de Consular SA.
En su página web, la firma admite que su buena estrella comenzó en 2005, con la llegada de los socios santacruceños, “quienes han incorporado una nueva gestión de negocios y personal, renovando el equipamiento y fundamentalmente reposicionando a Consular como consultora líder”. El plan de terminación de Yacyretá; obras en las rutas nacionales 40 (Jujuy), 12 (Entre Ríos) o 205 (Buenos Aires); el acceso al parque nacional Monte León; los puentes Reconquista-Goya y Encarnación-Posadas.
Todas esas obras tienen algo en común: la intervención de esta ascendente consultora. Con filiales en Río Gallegos y Córdoba, CONSULAR también ha realizado gran cantidad de trabajos para Santa Cruz, como la ampliación del puerto de Caleta Paula, una planta de tratamiento cloacal en El Calafate o el nuevo litoral costero de Río Gallegos. También participó de una licitación investigada por la justicia federal. Se trata de las obras para la construcción de La Barrancosa y Condor Cliff, dos represas sobre el Río Santa Cruz que costarían 16.000 millones de pesos y que han sido cuestionadas por la sospecha de que esconden elevados sobreprecios.
En febrero de 2010 se comenzó a denunciar al empresario Lázaro Báez, muy ligado al grupo de amigos del poder porque había comprado grandes extensiones de tierras aledañas a ese río, a sabiendas que allí se realizaría esa obra. La especulación es que, como esos terrenos debían ser inundados, su nuevo dueño debía recibir una millonaria indemnización del Estado. En esta historia también metió la cola la extraña consultora. Y es que el 27 de noviembre de 2007, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo, firmó el decreto 3110 y aprobó la licitación para llevar adelante “levantamientos topográficos del área necesaria”.
Aquella tarea, que hubiera permitido a quien la realice saber al dedillo qué tierras debían luego ser inundadas, también recayó en “la Empresa Consular SA, representada por su apoderado señor Jorge Donnini”. ¿Estarán, ahora, con los estudios iniciados el 6 de mayo de este 2013, viendo cuales tierras sería bueno comprarse con antelación para después vendérselas al Estado? Claro que acá en misiones, como subproducto de las pésimas políticas agrarias de los últimos gobiernos gran cantidad de pobladores de la ribera del Uruguay no tienen títulos de propiedad de sus tierras y por ello el negocio podrá ser más jugoso todavía ya que con chauchas y palitos pueden quedarse con la tierra de nuestros productores, la mayor parte de ellos familiares, de esos que el Gobierno Nacional “dice” defender.
Por si acaso habría que investigar un poco el crecimiento de ofertas de compras inmobiliarias en la costa de nuestro Río Uruguay por estos días. El Consorcio Energético del Río Uruguay será el encargado de los estudios de “Impacto ambiental” a la vez que del Diseño de las nuevas megarrepresas de Garabi y Panambi y de la campaña de propaganda (ellos la llaman “comunicación”) para que la población acepte la mega obra. ¿No debiera hacerse PRIMERO un estudio de impacto ambiental y de acuerdo a eso ver si diseñamos una obra con suficiente capacidad de mitigación de ese impacto y NO al unísono, como si ya estuviera aprobada la obra y el EIA solo fuera un saludo a la bandera por obligación de ley?
Los “estudios” demandarán un plazo de 21 meses, a contarse desde el 6 de mayo del 2013, lo que significa que estarán terminados allá por enero o febrero del 2015, y tendrá una inversión que asciende a 45 millones de dólares tras lo cual se podrán licitar las obras que prevén una potencia de 2.200 MW. Mitad para Brasil mitad para Argentina, claro.
Finalizados estos estudios, el paso siguiente es el llamado a Licitación de la construcción de las obras. De allí la “picardía represadora” del Gobernador Closs que dice que va a convocar al Plebiscito una vez terminados estos “estudios” y como eso cae en un año electoral, luego argumentara que no se puede hacer el Plebiscito hasta el 2016.
Año en el que, según los planes publicados en la web oficial de EBISA, se comenzarían a construir las Megarrepresas que, si se lo permitimos, se licitarán ni bien terminen los actuales “estudios” de modo que el Plebiscito, si saliera con un resultado de negativa al proyecto no podrá evitar que el gobierno tenga que indemnizar a las empresas concesionadas y nuevo embolsillamiento de dinero público por los mismos que ya lo están haciendo.
¿Quién dijo que las represas no dan ganancia o no son muy útiles? Si todo esto que estamos diciendo acá, obtenido de varias fuentes y de la atenta lectura de Información Pública fuera medianamente cierta el proceso de hacer Panambi-Garabi aún contra la opinión mayoritaria del pueblo de Misiones, recientemente reconocida hasta por el propio Gobernador, constituiría una obra viciada de ilegitimidad y, muy probablemente, de ilegalidad también.
¿No sería un acto de sanidad institucional que los poderes ejecutivo y legislativo de Misiones manden parar los famosos “estudios” (con desmonte incluido) hasta tanto haya un debate ciudadano y un Plebiscito que defina si se sigue por este camino o se empieza a transitar un camino de honestidad, democracia, participación y respeto al patrimonio de nuestros hijos y nietos? Por eso yo también voy a marchar contra las represas y por el Plebiscito YA del 23 al 28 de setiembre.
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