Aunque, ya se denuncia que el gobierno está incumpliendo con no tomar represalias contra los líderes de la protesta policial, dado que están habiendo traslados compulsivos para los que participaron de la protesta. Se advirtió que en caso de continuar con estas disposiciones, los efectivos podrían volver a huelga.
La cosa no daba para más. Después de una semana de conflictos y presiones, donde al mejor estilo renovador se utilizó todos los medios “fieles” para instalar odio y miedo, incluyendo una concentración de personas en la plaza 9 de Julio, en su mayoría “pagadas”, finalmente Closs tuvo que dar un paso al costado, guardar su orgullo, y ceder un poco ante los reclamos policiales.
Hasta la madrugada del jueves, luego de increíbles diez horas de negociación entre el Ministro de Gobierno, sus subsecretarios y la Policía, consiguió 30% de aumento al sueldo de bolsillo, 300 pesos no remunerativos, que frenen los despidos de los huelguistas y, además, se reincorporó a los 5 policías que habían echado por promover el sindicato hace 16 meses atrás.
La decisión se conoció cerca de las 5 AM del jueves, tras una tensa negociación entre funcionarios y operadores políticos del gobernador Maurice Closs, con los más de diez delegados que representaban gremialmente a los policías amotinados.
Seguramente a raíz del tono que alcanzó el conflicto, sobre todo por los dichos agraviantes y hostiles del gobernador esa misma mañana, para lograr en las negociaciones finales un resultado favorable, no participó ni el Ministro de Gobierno, Jorge Franco, ni sus cuestionados Subsecretarios Julio Lenzken y Chas Rubineau, como tampoco el Jefe y Subjefe de la fuerza. Evidentemente Closs prefirió delegarle esta tarea al presidente de Emsa, Sergio “Pity” Ferreira; al vice Carlos Pretto; y al Secretario Legal y Técnico, Marcelo Siniuk, como el asesoramiento letrado del abogado Fernando Urizar, según se informó desde Casa de Gobierno.
Los acuartelados habían pedido 5.000 pesos de bolsillo y 2.000 de básico. Un agente que recién se iniciaba percibía hasta ahora 260 pesos de básico y 2.400 de bolsillo.Finalmente y para levantar la protesta, aceptaron la última propuesta del Gobierno, de 4.200 pesos de bolsillo y subir 400 pesos más el salario básico, es decir, un básico cercano a los 700 pesos, aunque será escalonado a lo largo del año.
El reconocimiento salarial será trasladado tanto a los policías y penitenciarios en actividad, como a los jubilados y pensionados de las fuerzas de seguridad provincial.
Además los policías lograron frenar los despidos, exoneraciones y pases a disponibilidad de todos los agentes que habían sido sancionado durante la noche del martes, por haber encabezado la toma de la Jefatura de Policía. A eso se sumó la marcha atrás con el pase a disponibilidad de los cinco suboficiales que, el año pasado, promovieron una ronda de asambleas para crear el Sindicato de Policías de Misiones. Estos hacía 16 meses estaban en esa situación sin poder volver a trabajar.
Se levantó la protesta en todos los municipios de la provincia, entregaron las dependencias y edificios tomados, los patrulleros, coche bombas y todos los elementos y bienes del Estado que estaban en poder de los acuartelados, durante los ocho días que se extendieron las medidas de fuerza y volvieron a sus puestos de trabajo con el apoyo del pueblo que reconoció la legitimidad del reclamo.
Regreso a Casa
Una vez levantada la protesta, todos los uniformados del interior misionero partieron a sus localidades. A Oberá llegaron cerca de las 8.30 de la mañana del jueves, con bocinas y aplausos la gente los recibió en el centro cívico de la ciudad.
Emocionados dieron la vuelta a bordo de la autobomba a la plazoleta céntrica, casualmente también la lluvia se presentó y con fuerza en ese momento. No importó, bajo las aguas los policías festejaron y la gente que pasaba los ovacionó con bocinasos y aplausos. Un día histórico para Oberá.
Durante los ocho días del conflicto, pudimos apreciar que buena parte de la sociedad mostró todo el tiempo su respaldo y respeto a los miembros de esta fuerza que se manifestaron reclamando por un mejor salario, pese a que los medios “oficialistas, militantes y operantes” se la pasaron denigrándolos y distorsionando la noticia a favor del gobierno.
Muchos se dieron cuenta que para enterarse de lo que estaba ocurriendo, solo podían hacerlo mediante unos pocos diarios virtuales, prensa escrita y un solo canal de televisión provincial, incluso en lugares donde antes nunca se veía un televisor puesto en esa señal, incluyendo la UR2, en esta semana solo dicho canal estaba sintonizado.
En cierto modo, el conflicto sirvió para poner en evidencia el comportamiento extremo de los medios financiados por el gobierno.
El día vienes 24 aparecieron volantes con escrituras que referían al “buen policía” y al “policía usado”. En este se calificaba como buenos policías a los que obedecían y aceptaban la oferta del gobierno sin cuestionar.
En cambio, calificaban de “policía usado” a aquellos que se “acuartelan”, “reclaman”, y responden a “grupos políticos opositores”, etc. Incluso decía que los “policías usados” a diferencia de los “buenos”, no iban a cobrar el aumento. Esto fue reproducido por Misionesonline en su página de Factbook. Inmediatamente recibió el abucheo virtual con comentarios que los hizo eliminar dicha publicación. No es para menos, puesto que dicho medio pasa de ser no solo oficialista si no además operante directo del gobierno. ¿Quiénes se creen que son para calificar de buenos o usados a los policías?. El mismo medio también se refirió, luego de la toma de la Jefatura de Policía, como “sediciosos”, “rebeldes”, insubordinados, etc. Al día siguiente, el grupo renovador “acarreó” gente de distintas localidades y de los barrios posadeños en una supuesta “defensa de la democracia” en la plaza 9 de Julio de la capital provincial. Allí Closs arremetió con duras palabras y acusaciones a los policías, agravando la situación, pero en busca de “lavar cerebros” y convencer a la sociedad de que los “rebeldes” apuntaban a un golpe institucional, respaldados por grupos políticos opositores y hasta por “infiltrados” policías de otras provincias. Cabe mencionar que a Posadas arribaron grupos policiales de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires en apoyo a la familia policial, pero considerarlos “infiltrados” fue faltarles el respeto.
Es que la toma del edificio de la Jefatura desató en el Gobierno una reacción muy distinta a la que tuvo con la toma de la Unidad Regional 1 y con el Comando Radioeléctrico, además de las sedes policiales en Oberá, Eldorado, Iguazú, San Vicente y Jardín América; y se debía al temor de que los uniformados accedan y difundan la contabilidad real de la fuerza, la cual ha sido muy cuestionada, entre ellas la sustracción y el manejo de los fondos de los vales y la reciente compra millonaria del helicóptero que pasa por el Servicio Administrativo de la Policía en las oficinas y archivos en la Jefatura.
Acta acuerdo:
1
Recomposición salarial: se conviene acordar el aumento del 30 por ciento del salario del bolsillo con respeto al haber liquidado a enero de 2012, como remunerativo y bonificable con 100 pesos en el sueldo básico y el resto, como adicional; mas 300 pesos no remunerativo cuyo monto será absorbido como sueldo básico, en tres veces iguales y en los sueldos de mayo, agosto y noviembre, trasladados a los jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario. 2
Garantías y No Represalias: por las medidas adoptadas en los reclamos, ocupación de bienes públicos, vehículos y otros, el Gobierno y los representantes de los policías convinieron que los oficiales superiores u cualquier otros funcionario con poder, no llevaran la siguiente sanciones; como sancionar disciplinariamente, dar de baja, retirar, trasladar o disminuir calificación, postergar en los ascensos, cambiar su funciones o perjudicar a un agente, cadete, o aspirante a causa de su participación en la genuina protesta. Dejase sin efecto todo acto administrativo, sean estos sumarios o medidas por origen de los hechos referidos. Considerarse el periodo de la protesta como efectivo debito laboral, por lo que no corresponderá descuento en los haberes.3
Efectivos Pasados a Disponibilidad: dejase sin efecto la disposición 587/10, por la que se paso a disponibilidad al sargento Silvio Medina; al sargento Germán Palavecino; al sargento Ramón Acosta; al cabo primero Jorge Carlos Prospochuk y al oficial subayudante Luis Kusek, y se declare la inmediata reincorporación de los mismos, desestimando el sumario administrativo, cierre y ordenando el archivo de todas las actuaciones y exentos de responsabilidades administrativas. 4
Crease una Mesa Permanente de Diálogo y Concertación en forma regular y a los fines de discutir condiciones de trabajo y salarios de policías y penitenciarios. 5
Acuérdese que el primer punto del análisis de la Mesa de Dialogo será tratar una bonificación por las horas excedentes de las 48 horas semanales. Además se acuerda la informatización del sistema de liquidación y movilidad de los haberes.6
en caso de resultar necesario la Mesa de Dialogo podrán requerir al Poder Ejecutivo la habilitación de un Proyecto de Ley de Declaración de Amnistía General Administrativa, de los actos cometidos en el marco de las manifestaciones.7
La creación de un Sistema de Rescate de Deudas, para descomprimir la situación económica de los Policías, debido a la toma de créditos, y que se hará a través de un fondo del Iplyc. 8
Los representantes de los policías y penitenciarios deponen todas las medidas de acción directa adoptadas, entregando edificio, dependencias, vehículos y bienes y se comprometen a no tomar medidas de igual naturaleza en la sucesivo; siempre y cuando el Poder Ejecutivo cumpla con los compromisos acordados. Recíprocamente el Poder Ejecutivo queda sujeto a la condición del cumplimiento a esta cláusula. 9
Que la presente acta sea suficiente elemento de prueba para demostrar la inocencia del personal policial involucrado en la protesta, ordenándose la Falta de Mérito o Sobreseimiento en causas judiciales en trámite o a iniciarse. Se aprobó por mayoría.10
Impuestos de los términos de la presente acta acuerdo, firman el Ministro Jorge Franco; el Jefe de Policía, Jorge Munaretto y el Subjefe Víctor Armando Rutchsman, en señal de ratificación de todos los puntos acordados. El acuerdo se pactó en el quinto piso de las oficinas de Emsa, fue rubricado y corroborado por escribano, en su despacho de la Casa de Gobierno.
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